La Secretaría de Gobernación suspenderá los derechos de la Iglesia cristiana restaurada, vinculada al caso Casitas del Sur, albergue de donde desaparecieron varios menores.

Para notificar lo anterior, la dependencia federal sólo espera un reporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, instancia que investiga el presunto tráfico de menores que estaría operado por integrantes del grupo religioso.

Una vez que concluya la indagatoria de las autoridades de la capital, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Salvador Beltrán del Río, determinará la integración de una comisión que encabece un proceso de análisis, paso fundamental previo para la aplicación de una sanción que puede ir desde una amonestación o multa hasta la pérdida definitiva del registro.

Mientras tanto, procederá la suspensión, informaron a La Jornada fuentes gubernamentales. En la revisión previa del caso, y en el marco del intercambio de información con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación citó al representante de la Iglesia cristiana restaurada, Antonio Domingo Paniagua, quien no acudió a comparecer ante la autoridad y sólo envió un fax en el que notificaba que se hallaba fuera del país.

La dependencia del gobierno federal está al tanto de la indagatoria judicial para determinar el posible vínculo de Jorge Ederly, operador de las Casitas del Sur y, a la vez, con la Iglesia cristiana restaurada.