Buenos Aires, 7 de Marzo. A escasas horas de los comicios en la provincia de Catamarca, en el noroeste, que inaugura el proceso electoral legislativo del año, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una fuerte ofensiva opositora para debilitar los acuerdos que su gobierno ha logrado con la Mesa de Enlace, que representa a las cuatro principales entidades de los productores agrícolas.

En este contexto, resurgió de la derecha el reclamo de que el gobierno apruebe la pena de muerte.

El vicepresidente Julio Cleto Cobos, de nuevo se unió a la presión opositora para la rebaja de retenciones a las exportaciones de soya y otros temas de los ruralistas, y así actuó contra el propio gobierno que integra.

En sus últimos discursos, Fernández de Kirchner respondió a la embestida de sectores ultraderechistas ante la declaración de una conductora de televisión, quien dijo que hay que matar al que mata, lo que aprovecharon los simpatizantes de la pasada dictadura militar para reinstalar la bandera de la pena de muerte.

Sobre lo anterior, la mandataria sostuvo que lo que se necesita en el país es justicia a secas para quienes delinquen y violan las leyes, y deploró que se intente sacar réditos políticos de temas claves para el país.

Enfatizó que la pena de muerte no es una herramienta para garantizar seguridad a la ciudadanía, y también en la crítica de una jueza a los medios de comunicación por la forma como tratan el tema de los delitos contribuyendo a generar temor en la gente.

La presidenta también respondió a reclamos públicos de que la justicia debe acelerar los trámites, después de que la magistrada de la Corte Suprema Carmen Argibay reconoció que hay responsabilidades de algunos jueces, pero sostuvo que la lentitud de la justicia se debe a la falta de estos.

La presidenta dijo que cada uno debe cumplir el rol que le asigna la Constitución y recordó que en 2008 se nombraron 300 jueces y que no debería haber causas paralizadas, porque si no hay juez titular hay suplente; después se sancionaron leyes para que todos los casos estén cubiertos.

Analistas recordaron aquí que la recomposición de la Corte Suprema fue una de las obras del gobierno del ex presidente Néstor Kichner (2003-2007), con que se renovó el aire viciado que rodeaba al máximo tribunal.

Fue entonces también cuando se inició el proceso para derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que el Congreso aprobó más tarde.

No es el único tema que contamina en estos momentos el escenario en la feroz lucha política en un año de elecciones legislativas.

El ministro del Interior Florencio Randazzo advirtió ayer que la oposición no busca resolver sino alentar y agitar el conflicto. Ellos creen que perjudican al gobierno, pero perjudican al país, dijo el funcionario, y alentó a la seriedad de las acciones opositoras porque es muy fácil criticar desde una tribuna sin ningún tipo de responsabilidad.

En tanto hay otras agitaciones ya se están notando aquí, especialmente en los medios masivos de comunicación privados y monopólicos, por el envío de la iniciativa de ley de radiodifusión, que contribuiría a poner en el marco de la justicia un esquema de arbitrariedad que se mantiene desde la pasada dictadura