ste día se anunciarán los nombres de las organizaciones entre las cuales se repartirán los 25 millones de pesos que el gobierno de Felipe Calderón canalizó para ejercicios de observación electoral en 2009.
En una extraña triangulación de fondos, la Organización de las Naciones Unidas administrará los recursos y el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron los responsables de nombrar al comité evaluador de las propuestas de observación. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aumento que se quisieron dar los consejeros electorales hace un par de semanas y por ello debería manejarse con absoluta transparencia, independencia y efectividad. De lo contrario, estaríamos de nuevo ante un derroche inútil y ofensivo de recursos públicos.
Una de las actividades de observación más importantes debería ser el seguimiento puntual de las decisiones y acciones del IFE antes, durante y después de la jornada electoral. Siempre hemos insistido en que la crisis política de 2006 no emergió de las fallas o lagunas del marco legal, sino que fue principalmente el resultado de una pésima actuación de las autoridades. Lamentablemente, la cobardía y ambición mostradas por los consejeros actuales demuestran que seguimos con un Consejo General inclinado a dar la espalda a la ciudadanía a la primera oportunidad.
Las organizaciones que intenten fiscalizar las acciones de la autoridad electoral tropezarán de entrada con un obstáculo formidable: la total opacidad del funcionamiento interno del IFE. En franca violación a su propio reglamento de transparencia, el organismo no da a conocer en tiempo y forma sus actas, acuerdos y versiones estenográficas. De manera excesiva, el ciudadano típicamente tiene que esperar hasta dos meses para conocer la información completa sobre las sesiones del Consejo General. A la fecha, por ejemplo, todavía no hay información pública disponible sobre el vergonzoso perdón otorgado a las televisoras en la sesión del 13 de febrero. La más reciente acta accesible por Internet data de hace casi seis semanas.
La máxima instancia ejecutiva del instituto, la Junta General Ejecutiva, normalmente no da a conocer públicamente las convocatorias a sus sesiones a tiempo, lo cual constituye otra violación al reglamento de transparencia. En consecuencia, los medios de comunicación, los ciudadanos y hasta los representantes de los partidos políticos pocas veces tienen la posibilidad de presenciar las reuniones.
El acuerdo de elevar los salarios de los consejeros, por ejemplo, se tomó sigilosamente y hasta la fecha todavía no está disponible la versión estenográfica de aquella vergonzosa sesión. Por lo visto, la supuesta publicidad
de las reuniones de la Junta incluida en su reglamento de sesiones no vale ni la tinta en la que está escrita.
Las reuniones de las comisiones del Consejo General también se desarrollan en las penumbras. El acta más reciente disponible de la comisión de quejas y denuncias es del 25 de junio de 2008. La estratégica comisión de prerrogativas, partidos políticos y radiodifusión proporciona información sobre sus reuniones solamente hasta el 11 de septiembre de 2008. La supercomisión
de capacitación y organización electoral, encabezada por Marco Antonio Baños, tranquilamente dejó de informar sobre sus actividades a partir del pasado 27 de noviembre de 2008. El Comité de Radio y Televisión, órgano responsable de vigilar la transmisión de los anuncios del IFE y los partidos políticos ni siquiera cuenta con un reglamento de sesiones.
Hace algunos meses el Centro de Estudios Espinosa Yglesias dio a conocer un análisis que de forma extraña calificaba al IFE como una institución ejemplar en materia de transparencia. Sin embargo, los distinguidos autores del estudio se equivocaron, ya que el nuevo órgano garante en materia de transparencia del instituto de ninguna manera garantiza la especialización, autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución. La subordinación del órgano a los altos mandos del propio IFE asegura que se dará continuidad a las prácticas de simulación en la materia que han privado en el instituto electoral.
El TEPJF también ha ratificado recientemente su compromiso con la opacidad. Su nuevo reglamento de transparencia crea una telaraña de instancias burocráticas para procesar solicitudes de acceso y, en un evidente conflicto de interés, reserva los casos más delicados para la resolución de los mismos magistrados electorales. Asimismo, el reciente cambio de mando en la Unidad de Enlace parece indicar que de ahora en adelante criterios políticos más que técnicos determinarán las respuestas a las solicitudes ciudadanas.
Los consejeros electorales han demostrado ser muy buenos para las fotografías y los convenios aderezados con declaraciones públicas sobre la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones
. No hay duda de que ésa será la tónica hoy que se anuncia el reparto de los 25 millones de pesos.
Esperemos que las organizaciones civiles beneficiadas con el dinero no olviden que los contribuyentes, y no los consejeros electorales, son quienes realmente están aportando estos generosos recursos, y que tengan la integridad para exigir el cumplimiento de la ley, en lugar de fungir como paleras de una institución electoral cada día más desprestigiada.
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