El caso Pasta de Conchos no se va a cerrar porque el gobierno lo decida, sino hasta que entreguen los cuerpos de los mineros muertos en la explosión del 19 de febrero del 2006 a sus familiares y se castigue a los verdaderos responsables de este crimen, entre ellos directivos de empresa Industrial Minera México.

Cristina Auerbach, abogada de la agrupación Familia Pasta de Conchos, expresó ayer lo anterior al participar en la asamblea dominical de la resistencia civil en el Zócalo de la ciudad de México.

Ahí señaló que las familias de los mineros fallecidos mantienen su demanda de que el Estado mexicano se haga responsable de la pérdida de pensiones que sufrieron debido a que las autoridades de Procuraduría Federal del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo, no supieron asumir una verdadera defensa de este patrimonio de los deudos.

Esto es porque la empresa recurrió al amparo para no pagar las pensiones a razón de 300 pesos diarios, sino sólo de 130, lo que perjudicó a las familias, pero el juicio lo perdieron precisamente estas autoridades laborales del país.

Hizo ver que el Estado se equivoca si cree que esta lucha va a parar, ya que no van a cejar hasta que se logre el rescate de los cuerpos y mantendrán sus movilizaciones y las misas mensuales afuera del corporativo de Grupo México cada día 19 a las 12 horas.

También informó de la acción urgente de Amnistía Internacional, por los actos de hostigamiento que se han dado en su contra. Esto es porque han continuado los actos de intimidación contra la defensora legal de las familias de Pasta de Conchos, y se presentó ante esta organización un reclamo en Ginebra, firmado por los deudos que representa y diversas organizaciones de derechos humanos y religiosas.

La abogada hizo ver que las familias condenan el prolongado sufrimiento que han padecido los deudos, así como la negligencia con la que han actuado las secretarías del Trabajo, de Economía y Gobernación, al igual que la Procuraduría General de la República y el gobierno de Coahuila en este caso, para proteger los intereses de Industrial Minera México y su contratista General de Hulla.

Señaló que la Familia Pasta de Conchos no vende a sus muertos, y lo que reclaman no es asunto de dinero, sino de justicia, ya que han demostrado públicamente que el rescate es viable y moralmente justo.

Las familias tienen el derecho de enterrar a sus muertos según sus usos y costumbres, y al Estado le toca reparar el daño causado y ordenar de manera inmediata que reinicien las labores de rescate que suspendió estando a metros de donde podrían encontrarse los restos de los mineros.