Por medio de los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, el gobierno mexicano aseguró ayer que no hay un solo espacio del territorio nacional que escape a la dirección del Estado, aun en aquellas zonas donde las actividades del crimen organizado muestran mayor intensidad, y rechazó tajantemente las afirmaciones del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Denis Blair, quien declaró la víspera que los cárteles del narcotráfico impiden al presidente Felipe Calderón controlar partes del país.

Ambos funcionarios calificaron las expresiones de Blair como desafortunadas, porque no contribuyen a generar el clima de confianza indispensable para ganar esta lucha. Independientemente de los fenómenos de violencia vinculados al crimen organizado, vivimos un ambiente de gobernabilidad democrática sobre el que estamos fortaleciendo las instituciones de seguridad a fin de garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos, dijo Gómez Mont.

Ambos funcionarios aprovecharon el deslinde de la administración calderonista para endosar responsabilidades a Washington sobre los niveles que ha alcanzado el tráfico de drogas y la violencia que despliega el crimen organizado en México:

Si Estados Unidos no fuese el mayor mercado de drogas del mundo, nosotros no tendríamos este problema. Si asumiera con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería distinto, expuso el secretario de Gobernación.

Su postura fue también de reproche al gobierno estadunidense porque hasta el momento no ha incluido una operación anticorrupción en sus instituciones de seguridad, porque –advirtió– el fenómeno de la corrupción, como el del narcotráfico, no distingue fronteras.

A su vez, la canciller Patricia Espinosa –quien sólo se presentó ante la televisión privada– señaló: Tenemos un Estado actuando, y enseguida resaltó textualmente que las afirmaciones de Blair se basan en aspectos parciales que descontextualizan situaciones. Los mexicanos, aseguró, “salimos todos los días a hacer nuestras actividades, a cumplir con una vida normal; por supuesto con una serie de medidas de cautela, como debe ser y como ocurre no solamente en México, sino en muchos países. Definitivamente yo no veo aquí que estemos hablando de una situación en la que el narco tenga auténticamente el control absoluto de ninguna parte del territorio nacional”.

Gómez Mont, por su parte, leyó un texto ante la prensa y no aceptó preguntas. Exigió al país vecino reconocer el liderazgo y compromiso de lucha que tiene México contra la amenaza común del crimen organizado y demandó de las voces públicas de Estados Unidos el mismo grado de autocrítica y compromiso que el propio gobierno mexicano ha demostrado durante la administración del presidente Felipe Calderón.

Resaltó que en México la totalidad de los ciudadanos tiene acceso a los servicios de salud, seguridad social y educación, con el apoyo de las instituciones del Estado, y funcionan con normalidad, aun en las zonas más recónditas del territorio, las comunicaciones, los servicios de desarrollo social e incluso los procesos electorales.

No fueron, sin embargo, las únicas voces que se alzaron en reacción a los señalamientos del funcionario estadunidense. Diputados de PRD y PT calificaron las expresiones de Blair de un nuevo intento de incidir en las decisiones internas con el propósito futuro de atentar contra la soberanía nacional.

El líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, refutó al gobierno de Estados Unidos en su afirmación de que en México habría hasta 450 mil personas involucradas en el narco, pues según él, allá hay hasta 50 veces más gente en esa actividad ilícita.

Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista, dijo a su vez que ese número de actuantes en el narcotráfico refleja que el mayor ingreso de divisas a México proviene de ahí, por encima de las que producen el petróleo, las remesas y la maquila.

Finalmente, la arquidiócesis de México consideró que los recursos recortados en 150 millones de dólares a la Iniciativa Mérida constituyen una ofensiva limosna que el gobierno debería rechazar, y mientras Estados Unidos se esmera en detallar el número de mexicanos involucrados en el tráfico de drogas, nunca ha reconocido cuántos consumidores de estupefacientes hay en su país.