El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, junto con el priísta Raúl Cervantes –quien es el abogado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales una enmienda a la minuta de reforma al artículo 127 constitucional que originalmente pretendía que ningún funcionario en el país ganara más que el presidente de la República. El cambio aplicado por los panistas y el representante del tricolor indica que sólo los funcionarios surgidos de elección popular deberán cumplir con ese tope.

Con esa polémica decisión, y de prosperar en el pleno camaral, los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia y de los entes autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE), Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Tribunal Superior de Justicia, todo el gabinete presidencial y los mandos superiores de los tres poderes de gobierno, quedarán en la libertad de ganar más que el presidente de la República.

Lo que acabamos de presenciar es una burda farsa, pero sobre todo implica la claudicación de un pequeño grupo de diez diputados del PAN y de Raúl Cervantes en la Comisión de Puntos Constitucionales, a la presión del Poder Judicial y de la CNDH para evitar que sus privilegios sigan vigentes aunque el pueblo se esté muriendo de hambre, recriminó el perredista Juan Guerra Ochoa.

La corriente de respaldo a la reforma constitucional contenida en la minuta del Senado de la República se revirtió una vez que su contenido fue aprobado en lo general y se pasó, en consecuencia, a la ratificación en lo particular, lo cual significa una discusión de los artículos que fueron reservados.

Al pasar al debate del artículo 127, los panistas se sumaron al argumento del priísta Cervantes, quien insistió en la ilegalidad de subordinar un poder de la República a otro. En este caso, colocar al Ejecutivo federal por encima del Judicial. Para esos momentos la composición numérica de los asistentes a la sesión del grupo de trabajo era de 21 legisladores.

La posición del abogado del PRI fue la jugada perfecta para los panistas, quienes promovieron una modificación a la fracción tercera de la minuta del Senado, con el objetivo de acotar que ningún servidor público de elección popular podrá recibir remuneración mayor a la aprobada para el presidente de la República. El texto original manifestaba que ningún servidor público (de los tres poderes) podrá recibir remuneración mayor a la del Ejecutivo federal.

Al someterse a votación, los panistas y Cervantes sumaron 11 votos contra 10 de diputados del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De esa forma se aprobó el sí a mantener el status quo y garantizar, sobre todo a los ministros de la Suprema Corte, devengar salarios superiores a los 3 millones y medio de pesos al año.

La votación a favor de la enmienda panista se facilitó por la inasistencia de los perredistas Andrés Lozano y Rosario Ortiz Magallón, y de los priístas Carlos Armando Biebrich y Juan Francisco Rivera Bedoya.

El hecho propició que los perredistas y priístas que se oponían salieran de la reunión y rompieran el quórum. Por lo tanto la sesión se pospuso hasta nuevo aviso porque aún queda pendiente la discusión de dos reservas –propuestas también por el PAN– a las fracciones tres y cuatro del 127 constitucional y a los seis transitorios.

Al final, Raúl Cervantes se retiraba sonriente. Cuando se le preguntó si no temía que sus electores le reclamaran respondió despreocupado a la prensa: ¡que reclamen!

Más tarde, con enojo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, reprobó la decisión asumida en la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una pena. Estoy totalmente en contra de esa resolución. El hecho concreto es que lo que se aprobó no tiene sentido. Preferimos que no se apruebe nada, porque esos huecos son huecos absolutamente inexplicables.

–¿En el pleno camaral se puede aprobar?

–Absolutamente.

Héctor Larios, coordinador de Acción Nacional, trató de subsanar las severas críticas y el efecto negativo que resintió el blanquiazul en San Lázaro. El PAN está decidido a destrabar la discusión sobre este tema. La minuta que nos llegó del Senado tal como está es inoperante. No puede ser aprobada porque sería simplemente un acto declarativo. Entre otras muchas cosas, por ejemplo, incluye una declaración general sobre los sueldos de los funcionarios públicos; sin embargo, a la hora de pedir normativa particular se excluye casualmente al Distrito Federal y se excluye, casualmente, al Congreso de la Unión, a diputados y a senadores.

En entrevista por separado, el secretario general del PAN, Rogelio Carbajal, se manifestó a favor de regular las percepciones máximas de los funcionarios públicos, sobre todo de los que trabajan en los gobiernos estatales y municipales, donde no existe un control ni un estatus, para poder limitar los excesos que cometen autoridades locales.

Nuestro objetivo es que no haya ingresos desorbitantes de parte de funcionarios públicos, puntualizó al considerar que es necesario revisar el caso de los ministros y de los consejeros del IFE, pues tienen un estatus salarial establecido en la propia Constitución y, por lo tanto, hay que analizar con cuidado la reforma a discusión, para que no se contraponga con los lineamientos de la Carta Magna.