Fallida presidencia del empleo
Exigen investigar manejo de los dineros del sindicato del ISSSTE
n tan sólo cuatro meses (el último par de 2008 y el primero de 2009), la crisis de catarrito
que con jovial alegría diagnosticó el gobierno federal arrasó con alrededor de 600 mil empleos formales urbanos (permanentes y eventuales) registrados en el IMSS, a razón de casi 5 mil por día transcurrido en el periodo, o si se prefiere 3.5 plazas por segundo, en promedio, lo que representa la mayor sangría laboral en cuando menos lo que va del siglo XXI y en plena Presidencia del empleo
.
La voracidad laboral que ha mostrado la nueva etapa de la crisis en México (el susodicho catarrito
) resulta mucho mayor a la observada en 2001, cuando arrancó la primera recesión de la era Bush
, con el de las ideas cortas y la lengua larga en Los Pinos, año en el que oficialmente se cancelaron 276 mil empleos formales urbanos (permanentes y eventuales), es decir 756 plazas por día o una cada dos segundos. La diferencia es de 6.6 tantos, favorable
a la Presidencia del empleo
.
La información no proviene de catastrofista alguno, sino del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el que actualizó sus cifras laborales al cierre de febrero pasado. Así, casi 600 mil mexicanos quedaron desempleados entre noviembre de 2008 y el segundo mes de 2009, los 120 días referidos, con lo que el indicador de empleo formal urbano registrado en el IMSS retrocedió al nivel observado el último día de noviembre de 2006, cuando el actual inquilino de Los Pinos, autodenominado Presidente del empleo
se aprestaba a entrar por la puerta de atrás para su toma de posesión
, con todo y show en el Legislativo.
Cuando el catarrito
oficial devino pulmonía cuádruple, el gobierno federal no movió un ápice su estrategia
mediática del aquí no pasa nada; la crisis es externa
. En los hechos, sin embargo, los primeros impactos contundentes se resintieron en la plantilla laboral del país. Tan sólo en noviembre de 2008 se cancelaron cerca de 68 mil plazas urbanas formales, en espera de diciembre, durante el cual causaron baja 345 mil adicionales.
Así comenzó la realidad a desmentir al discurso oficial del catarrito
, del aquí no pasa nada
, y siguió adelante, esmerada como siempre: en el primer mes de 2009 se cancelaron otros 128 mil puestos de trabajo formales (permanentes y eventuales en las principales ciudades de la República), mientras en febrero pasado la pérdida
se aproximó a 58 mil, para un total en el arranque del año de poco más de 185 mil. Si ese ritmo se mantiene a lo largo de 2009, un millón de mexicanos podrían engrosar las filas del ejército de reserva. Realmente es dramático, pues en tan sólo cuatro meses la factura de la crisis, que no acepta discursos fatuos, arrasó con poco más de 4 por ciento del empleo formal urbano registrado en el IMSS.
En toda la República se reporta cancelación de empleo formal urbano, pero las entidades más destacadas en este contexto son Nuevo León, estado de México, Distrito Federal y Jalisco, los grandes centros productivos y financieros del país, los cuales, en conjunto, representan 37 por ciento del total de plazas laborales perdidas
. En cuatro meses, Nuevo León canceló 5.2 por ciento de su empleo formal urbano; el estado de México 4.2 por ciento; el Distrito Federal 3.2 por ciento y Jalisco 2.9 por ciento. Y es la primera factura, porque el catarrito
va para largo.
Las rebanadas del pastel
Si de trabajadores se trata, en el ISSSTE el ambiente por la sucesión sindical está que arde, y de ello da cuenta la siguiente denuncia que algunos de ellos hicieron llegar a México SA, que va tal cual: “dados los oscuros manejos del actual ‘líder’, exigimos transparencia e informes pormenorizados de las inversiones bancarias y de los intereses generados por las aportaciones que más de 72 mil trabajadores del ISSSTE entregan a la Comisión Nacional de Auxilios y que es operada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto, cuya cabeza es Ricardo Pontigo Márquez. Integrantes de diferentes secciones sindicales del interior del país, entre ellas Zacatecas, Nuevo León, Guerrero y Tabasco, así como las de los Hospitales Regionales 20 de Noviembre, Primero de Octubre e Ignacio Zaragoza y de la Asociación de Trabajadores Independientes del ISSSTE, manifestamos nuestra inconformidad por el manejo oculto y poco claro de nuestras participaciones a la Comisión Nacional de Auxilios cuyo encargado es Guillermo Rojas, persona incondicional de Pontigo Márquez. Dicha Comisión se crea con la aportación voluntaria de los agremiados al SNTISSSTE, y tiene como finalidad salvaguardar tales recursos, los cuales son entregados a solicitud de los trabajadores cuando éstos sufren un accidente, incapacidad laboral o muerte. Por ello, reclamamos transparencia en el manejo de nuestros ahorros depositados en la referida Comisión, ya que existe la sospecha de que la persona que administra tales recursos, Guillermo Rojas, canaliza intereses generados en las inversiones bancarias para la campaña de relección de Ricardo Pontigo. Como dato concreto, Guillermo Rojas estrenó mansión en Cuernavaca, además de poseer camionetas último modelo las cuales son tripuladas por chofer privado. La Dirección General del ISSSTE ha entregado, como cada año, 10 millones de pesos (40 millones en el último cuatrienio) en apoyo al SNTISSSTE, los cuales durante los cuatro años de gestión de Ricardo Pontigo han sido ejercidos a su libre albedrío. Al día de hoy no ha reportado en qué se los gastó o a cuál beneficio para los trabajadores los canalizó. ¿Serán tiempos de guardar los dineros por la desdichada crisis? ¿Yunes apoya la relección de Ricardo Pontigo? Son las preguntas que nos hacemos como sindicalizados del ISSSTE. Las aportaciones de los trabajadores a la Comisión Nacional de Auxilios varían según el nivel o percepción económica, pero son de 30 a 50 pesos quincenales, si esto lo multiplicamos por cerca de de 72 mil nos da una cifra digna de tentar al chamuco, sin considerar inversiones, intereses, manejo, canonjías bancarias etcétera. Y todavía pretende relegirse” (por obvias razones se reservan los nombres de los denunciantes).