ientras aparecen cada vez más datos sobre el deterioro económico del país se va haciendo también más evidente que padecemos de prácticas políticas, debilidades institucionales y tentaciones demagógicas de una resistencia tan grande para modificarse, a pesar de los llamados avances democráticos, que los efectos de la crisis actual sólo pueden magnificarse. La ataxia del gobierno es eso: desorden, falta de regularidad de sus funciones.
La apatía gubernamental para hacer frente a la situación se ha expresado de nueva cuenta en una metáfora beisbolera. El secretario Carstens, desde el montículo, lanzó la primera bola de un torneo internacional, pero no alcanzó a llegarla al plato. Antes, recuerden, previo a la crisis de fines de 1994 el entonces secretario de Economía, Jaime Serra, decía que México sería ya un jugador en las grandes ligas.
Los números nunca son suficientes para hacer política pública. En tanto las cosas marchan más o menos de una manera estable, aunque lánguida; piénsese en el gobierno de Fox y su intrascendencia en cuanto a un cambio verdadero de la forma en que funciona la economía y su impacto en el empleo. Así puede ser que sean estables los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio, que el producto apenas crezca y el desempleo se cubra con emigración y, entonces, se puede obviar un poco la cuestión y mostrar los números como indicación, mas no como evidencia de que las cosas más o menos funcionan.
Hoy, eso definitivamente no sirve. No es práctico para gobernar, y menos aún creíble para nadie, sean trabajadores, empresarios pequeños o grandes, o inversionistas de dentro y de fuera. Ante esa situación el gobierno no parece tener una serie de escenarios posibles y, sobre todo, manejables para un plazo que vaya más allá de 24 horas. Escenarios sobre los cuales desplegar los datos que recaba y las previsiones que formula, y así actuar con algún concierto para mitigar los efectos adversos de la crisis.
El futuro es por definición incierto y no se puede formar a partir de declaraciones sobre las buenas intenciones, o incluso la imaginación desbordada de algunos miembros del gobierno federal. De los ya tan señalados catarritos se ha pasado en sólo unas pocas semanas a una proyección oficial de crecimiento del producto para este año de menos 1.9 por ciento.
Otras estimaciones, que me parecen más realistas en función de lo que pasa en Estados Unidos y otras partes relevantes de la economía mundial, ponen esa estimación en hasta menos 4.2 por ciento. La diferencia no es, ciertamente, menor. Su efecto en el desempleo y las condiciones de la mayor parte de los empresarios pequeños y medianos, así como para los deudores de los bancos es mucho más adverso y duradero.
La única acción observable de parte del gobierno es la de la Comisión de Cambios que forman Hacienda y el Banco de México para tratar de apreciar el valor del peso frente al dólar. Esta decisión es controvertida. Primero porque el banco central cambia su objetivo principal declarado por mucho tiempo de controlar la inflación y lo enfoca en la intervención sobre el tipo de cambio. Decide reducir la sobrevaluación del peso, es decir, que está barato respecto del dólar. Y lo hace en un momento en que la recesión reduce las importaciones y castiga las exportaciones y cuando su efecto en la inflación será menor. ¿Por qué no aprovechar la sobrevaluación? Dejar que los productos mexicanos compitan, aunque sea con dificultad por precio y que las remesas rindan más.
¿A quién se quiere beneficiar con la política cambiaria? Éste podría ser un interesante caso de análisis de la economía política del país, especialmente cuando Banamex está en el mercado nuevamente.
Entre tanto, los legisladores caen de una manera burda en las mismas tentaciones demagógicas, sobrecargadas en época de elecciones, de querer controlar las tasas de interés. Ahí no está el problema del sistema financiero y mucho menos el de la economía y el de los trabajadores. Este sistema ya no funciona con las reglas que nadie quiere cambiar. Pero se buscan las salidas más obvias y que atraen la atención de la gente para cuando tenga que ir a votar.
Hacienda no revisa su política de impuestos que castiga con costos más altos y trámites la operación de las empresas; el secretario Carstens ya está más rezagado en su pensamiento que su antiguo empleador, el FMI. La Contraloría Fiscal declara sobre desvíos e irregularidades en el gasto público, ¿dónde están los proyectos de inversión de infraestructura que tenían ya financiamiento y que son imprescindibles para generar algo de demanda interna? Quién sabe si eso ya lo descubrió el nuevo secretario Molinar en la sede de las comunicaciones y transportes.
El gobierno no ha mostrado que cuenta con escenarios útiles y flexibles para el grave periodo que está abierto en el país, con fuertes efectos sociales y que será de larga duración. Con ellos siquiera podría proponer acciones coherentes y articuladas, señalar avances y problemas, y amalgamar cierto acuerdo nacional. Entonces sólo queda ir rebotando de un lado al otro, cada vez con menor resistencia.
