De los 11 mil 507 inmuebles que posee el gobierno federal, sólo 39.2 por ciento (4 mil 507) está inscrito en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y cuenta con el número de folio real; del resto (60.8) se carece de número de folio que acredite su inscripción y no existe la certeza de su situación jurídica, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el reciente informe de revisión de la Cuenta Pública 2007.

La ASF detectó incluso que no se encontraron en el tablero de control estratégico de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicadores para medir el cumplimiento sobre la determinación de los alcances e impacto que representa el pago de rentas en el gasto público federal, las cuales en 2007 ascendieron a mil 335 millones 425 mil 400 pesos, ejercidos por 21 dependencias del gobierno federal.

En ese rubro, encontró que la Procuraduría General de la República (PGR) erogó 120.4 por ciento más del presupuesto original para cubrir el pago de arrendamiento de edificios y locales, lo cual representó 23 millones 429 mil pesos que se asignaron a las delegaciones generales de la dependencia, sin que ésta cuente con la información y documentación de su aplicación.

En la revisión que practicó la ASF al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo dependiente de la SFP responsable de registrar, administrar y proteger el patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Federal Centralizada, se constató además que se carece del registro sobre el valor histórico o comercial de cada uno de los inmuebles de su propiedad.

Esto, no obstante que la Función Pública es la responsable de vigilar que las dependencias de la administración federal cumplan con la normatividad que obliga a registrar, administrar y proteger los bienes inmuebles que tienen bajo su responsabilidad.

Del total de bienes inmuebles en poder de la Administración Pública Federal Centralizada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ocupa 3 mil 391; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mil 755; Salud, mil 522; la propia SFP, mil 356; Comunicaciones y Transportes, 825; Agricultura, 639; Defensa Nacional, 536; Hacienda, 461; Marina, 437; Seguridad Pública federal, 171; Procuraduría General de la República, 96; Gobernación, 89; Relaciones Exteriores, 78; Desarrollo Social, 57; Trabajo y Previsión Social, 30; Economía, 19; Reforma Agraria, 18; Presidencia de la República y Consejería Jurídica, 16; Turismo, nueve y Energía, dos.

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que tras el análisis se constató que sólo en el caso de la Presidencia de la República el ciento por ciento de los inmuebles están en el Registro Público de la Propiedad; en el de la SEP, sólo 28.1 por ciento; Semarnat, 14.4, y Salud, 10.8 por ciento.

De la citada revisión se desprendió también que de los 11 mil 507 bienes, 70 por ciento dispone del documento que acredita la propiedad del gobierno federal y en 30 por ciento se carece de la documentación que la acredite.

Sin embargo, sólo 39.2 por ciento del total de inmuebles está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y del resto (60.8 por ciento) no se dispuso del documento que lo acredite (el registro), lo que muestra deficiencias en el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal sobre el Inventario del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Federal Centralizada, que no permiten identificar y programar acciones para fines de inventario, registro, catastro, titulación y regularización administrativa, ni evaluar la eficacia de los mecanismos para el control de la información y documentación que asegure la protección jurídica del patrimonio inmobiliario del gobierno federal.