La Secretaría de Educación Pública (SEP) causó un probable quebranto a la hacienda nacional al entregar becas por 11 millones 589 mil pesos a personas que no cumplían con los requisitos y a estudiantes a quienes otorgó más fondos de los señalados por la norma, de acuerdo con el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Así, la dependencia becó a más de mil 700 personas entre 21 y 77 años de edad, pese a que los beneficiarios no deben ser mayores de 20 años, pues el objetivo es retener a alumnos de educación media superior. También privilegió a casi medio millar de educandos, quienes recibieron recursos adicionales.

El reporte advierte que en el padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) hay un importe de mil 130 millones 193 mil pesos; sin embargo, se desconoce toda información sobre los alumnos apoyados, como nombre, edad o cantidad recibida.

En relación con el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (PNBREEMS) –cuya organización y operación, destacó la ASF, se manejó en general con opacidad–, recomendó fincar responsabilidades administrativas, porque la convocatoria excluyó la totalidad de la población objetivo, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre otros.

Entre 21 observaciones que hace la ASF al PNBREENS –manejado por la Subsecretaría de Educación Media Superior–, destaca un probable daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal por 11 millones 589 mil pesos, de los cuales 8 millones 918 mil se otorgaron a mil 717 beneficiarios que no cumplieron con el requisito de ser menores de 20 años, y 2 millones 671 mil correspondieron a la entrega de fondos adicionales a 484 alumnos.

A estos últimos becarios se les depositaron 6 millones 709 mil pesos, pese a que les debían entregar 4 millones 38 mil, dice el informe.

La ASF descubrió que mil 717 personas que recibieron apoyos tenían entre 21 y 77 años de edad, por lo que observó que dicha subsecretaría no cuenta con un padrón único de beneficiarios de becas existentes.

Todo ello impactó en una deficiente selección de los candidatos, con edades muy superiores a la establecida; otorgamiento incorrecto de los montos de las becas; falta de formalización de un contrato o convenio donde se establecieran las condiciones ofrecidas y solicitadas por la institución bancaria correspondiente para la dispersión de los recursos, entre otros.

Detectó que se pagaron fuera de la norma 229 millones 535 mil pesos por concepto de becas que cubrieron un periodo de 12 meses, y la convocatoria del programa fue poco transparente, al omitir requisitos fundamentales, como la duración. Tampoco fue señalado el carácter público del programa, sin el patrocinio de partido político alguno.

En cuanto al Pronabes, la SEP registró y reportó como ejercidos 446 millones 340 mil pesos que no estaban devengados, pues no existía la obligación de pago, al desconocer quiénes serían los beneficiarios. Además, 480 millones 569 mil pesos se reportaron incorrectamente en la actividad prioritaria fortalecimiento del programa de becas.