Al tiempo que especialistas advirtieron que la iniciativa de reforma de Felipe Calderón para enfrentar el narcomenudeo no sólo es equivocada por plantear subrepticiamente la criminalización del consumo, sino por insistir en una perspectiva policiaca que ya probó su ineficacia, legisladores de PRD y PRI condenaron que desde la ultraderecha más mojigata se les pretenda obligar a votar rápidamente una ley que por su complejidad demanda el mayor análisis.

Al culminar las audiencias públicas sobre narcomenudeo en el Senado de la República, a las que asistieron investigadores, académicos y especialistas en adicciones y derechos humanos, entre otros, el periodista Carlos Fazio se refirió a la tácita intervención de Estados Unidos en este tema, pues a partir de la Iniciativa Mérida, como sucedió ya en países como Colombia, hay un claro interés de penetración de los organismos de inteligencia estadunidenses en México.

Compartió con otros ponentes la opinión de que la militarización de la lucha contra las drogas por parte de Felipe Calderón conduce a una política represiva que lleva a regímenes de excepción.

En ese foro sólo se escuchó un abierto apoyo al proyecto calderonista por parte de Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien dijo que la iniciativa diferencia entre los grandes traficantes y los narcomenudistas; concede facultades a estados y municipios para atender este problema; genera certeza jurídica, al determinar la cantidad máxima que requiere un individuo para su consumo sin que sea sancionado por ello; despenaliza conductas como la posesión de estas cantidades, y se prevé atender al farmacodependiente.

Sin embargo, su análisis fue cuestionado por el resto de los ponentes, quienes insistieron en que se debe enfatizar la prevención del consumo y la demanda y no desde la oferta, táctica que, dijeron, ha mostrado su fracaso en todo el mundo, además de recordar que más de la mitad de los efectivos de las policías municipales, que tendrán a su cargo el combate al narcomenudeo, no están capacitados para ejercer el cargo.

Jorge Javier Romero Vadillo, profesor de la UAM, enfatizó que el crimen organizado no es especialista en drogas, sino en mercados clandestinos, por lo que mientras éstos subsistan las organizaciones delictivas continuarán prosperando, pues los incentivos ahí son enormes.

Junto con Luis González Placencia, tercer visitador de la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Víctor Manuel Guisa Cruz, ex director de los Centros de Integración Juvenil; Ernesto López Portillo, presidente fundador de Instituto para la Seguridad y la Democracia, y José Antonio Elizondo López, médico siquiatra especialista en adicciones, Romero Vadillo dijo que criminalizar el consumo al considerar que el adicto es un delincuente potencial, y la obligatoriedad de someterlo a un tratamiento sin su consentimiento, no son el camino para resolver este problema.

González Placencia, a su vez, sostuvo que las dimensiones principales del problema de las drogas no están en la parte jurídica, sino en la social y de mercado. Destacó que la criminalización del consumo provocaría que las cárceles se saturaran.

Una política penalizadora de un fenómeno social y de mercado puede terminar como la tragedia de la discoteca News Divine, donde se pretendió utilizar a los jóvenes como pruebas para el proceso de quienes iban a ser acusados como pervertidores de menores. Incorporar más violencia al sistema es un medio inadecuado cuando no está acompañado de los límites que implican el respeto a los derechos humanos y hay menores posibilidades de terminar con el problema que se pretende enfrentar, dijo.

Prácticamente todos los ponentes recordaron que una primera versión de estas reformas ya fue aprobada por el Congreso y vetada por el entonces presidente Vicente Fox, debido a presiones del gobierno estadunidense, que consideró que con la posesión de cantidades mínimas de droga, como se sugiere en la propuesta, se abría la puerta a la legalización de las drogas.

Finalmente, el empresario Carlos Peralta propuso que el Estado se encargue de suministrar las dosis de droga que necesitan los adictos, a efecto de quitar el mercado a los narcos, además de llevar a cabo revisiones antidoping en cada familia para detectar si alguno de sus integrantes se ha drogado.