Bogotá, 17 de marzo. La fiscalía colombiana ordenó la captura del gobernador del departamento de Guaviare, Óscar de Jesús López, por presuntos nexos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, informó el organismo. Pero, aclaró, por tratarse de un gobernador en ejercicio se le pidió al presidente Álvaro Uribe que proceda a suspenderlo del cargo.

Hemos ordenado la captura del gobernador López, quien tendrá que explicar supuestos vínculos a través de empresas de su propiedad, en el pasado, con líderes de grupos al margen de la ley, dijo el fiscal general Mario Iguarán. En concreto, explicó, López es investigado por sus relaciones con Pedro Guerrero, alias Cuchillo, uno de los jefes paramilitares de esa región del sur de Colombia.

El funcionario pidió que se investiguen los nexos del mandatario departamental con la Sociedad de Exploración y Exportación Minera del Llano, de la que es accionista Guerrero. López está acusado del delito de concierto para delinquir agravado y por ello se emitió la orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación.

La semana pasada Uribe anunció que aumentó las recompensas por los cuatro capos de las drogas más buscados, entre ellos Cuchillo.

Unos 31 mil efectivos de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron tras una negociación con el gobierno de Uribe, que concluyó en abril de 2006, en la que lograron beneficios jurídicos como la suspensión de sus extradiciones y una condena máxima de ocho años de cárcel por todos sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.

Sin embargo, Uribe ordenó en mayo extraditar a Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC con el argumento de que continuaban delinquiendo desde la cárcel. Una medida que provocó protestas de familiares de víctimas de los paramilitares porque interrumpió los procesos que se les fincaban en Colombia sobre una serie de matanzas que cometieron.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia colombiana ratificó su compromiso con la extradición para luchar contra el narcotráfico, pero advirtió que sólo aprobará ese tipo de solicitudes si el requerido no ha sido condenado por los mismos delitos en el país.

Al responder a inquietudes de Bogotá y Washington, aseveró que la extradición es improcedente cuando el solicitado ya ha sido juzgado en el país por los mismos delitos, pues remitirlo a autoridades extranjeras significa someterlo a ser juzgado dos veces por idéntico hecho.

En otro orden, el sueco Erik Ronald Larsson, de 69 años, fue entregado este martes por la guerrilla de las FARC en el noroeste de Colombia, informó el Departamento Administrativo de Seguridad Pública.

Agregó que el ex rehén, secuestrado el 16 de mayo de 2007, se encuentra delicado de salud y es valorado en un hospital de Montería, de donde será trasladado a Bogotá.