la administración felipense le urge conseguir parque legislativo para desplegar las campañas electorales panistas sobre la presunta base de que se está combatiendo con energía y precisión al narcotráfico que, como se sabe, en lo general goza de buena salud y tranquilidad financiera (a pesar de los decomisos y las acciones aparatosas del gobierno calderónico que, en realidad, solamente le arrancan pelos de cargamento y propiedades menores al gato siete vidas de los cárteles).

Una de esas pretensiones con fines de propaganda partidista pasa por la posibilidad de arrebatar sus propiedades a quienes por alguna causa enunciada en diligencias judiciales parezca haber colaborado, por acción u omisión, en faenas relacionadas con la comercialización de las drogas. Resulta terriblemente peligrosa esa posibilidad de virtual expropiación sumaria en un país donde todo mundo sabe que esas diligencias y acusaciones pueden ser abiertamente manipuladas por los funcionarios y policías normalmente involucrados mafiosamente con los mismos criminales a los que simulan combatir.

Los diseñadores de las campañas panistas y los funcionarios federales encargados de la guerra contra el narco necesitan acreditar, aunque sea a nivel de la percepción, que el panismo bélico ha hecho algo más que precipitar miles de asesinatos en el país, en particular, aparentar que se atacan los dos pilares hasta ahora largamente intocados: las estructuras financieras y los políticos otorgantes de protección y receptores de cuotas fabulosas. No ha caído ningún banquero, bueno, ni siquiera a nivel de gerente de sucursal (ni los grandes personajes oficiales hacendosos y banqueros centrales), por el natural blanqueo de dinero que conlleva el enorme tráfico actual de drogas. Tampoco ha habido gobernador, secretario de Estado, procurador o policía civil o militar de importancia que hayan aparecido en el radar guerrero que sólo se ha detenido en los flancos menores, operativos, rápidamente sustituibles de los empleados de a pie (bueno, de camionetón del año) y los empleados administrativos de medio pelo (familiares o allegados de los grandes capos, pero nada más) que sin embargo las autoridades inflan a niveles mitológicos para argüir que le están pegando durísimo a los tales narcos.

Con gran prisa también se ha asentado ya la percepción, como si tuviera carta de naturalidad, de que inevitablemente los gringos habrán de entrar a poner orden en el desastre felipillo. Diariamente es posible escuchar a congresistas y funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono que analizan, diseccionan y hacen planes sobre el país fiambre cuyos incendios políticos y sociales hacen considerar como un hecho que se envíen tropas a la frontera y se multipliquen los planes de ayuda e intervención.

La historia mexicana muestra las pérdidas que ha sufrido nuestro país cuando se ha abierto el paso a extranjeros imperiales, en este caso los estadunidenses. Calderón ha creado, desde la primera semana de que se instaló en Los Pinos, con una perseverancia absoluta, las condiciones políticas y sociales para que los gringos puedan (deban) entrar a México. La debilidad de origen del licenciado Felipe lo llevó a entregarse en el Ejército y a convertir la vida política nacional en materia de cuarteles y uniformes, pero además de ello ha construido el escenario justificante del nuevo intervencionismo gringo. Hoy, como sucedió en 2006, cuando los principales medios electrónicos de comunicación impusieron la percepción de que el increíble Felipe había remontado las encuestas de opinión y el entendimiento generalizado que daba por segura la victoria electoral de López Obrador (reino de la percepción que luego pretendió estigmatizar las dudas sobre el proceso conducido por el IFE, y convertir en delito de pensamiento al hablar de fraude electoral calderónico), ahora se está permitiendo, como si nada, como si fuera algo natural, incluso deseable, que los vecinos voraces tomen en sus manos el problema que Calderón incluso les pretende endilgar, abogando por que Estados Unidos tome la corresponsabilidad que le asiste en el tema y mendigando ayudas que no son sino pagos en monedas por la traición patria de permitir caballos de Troya pintados de barras y estrellas. Ayer, por lo pronto, Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional, anunció que en las próximas semanas el presidente Obama dará a conocer un plan al detalle para enfrentar las broncas fronterizas del narco, y un senador republicano, Arlen Specter, denunció que en México se vive una anarquía. ¡Felicidades, felipismo, lo están logrando!

Astillas

Se está enredando la pretensión petista de aliarse con el PRI en Nuevo León. El Partido del Trabajo es regido por una dirección colectiva, pero el virtual presidente o coordinador es Alberto Anaya, cuya base social está justamente en la mencionada entidad norteña, donde el PT ha buscado crecer haciendo alianzas poco ortodoxas tanto con gobiernos constituidos como con partidos en problemas electorales. Ahora, con la idea de que se debe cerrar el paso a la derecha que pretende ganar o negociar la gubernatura de Nuevo León, con un candidato blanquiazul impuesto por Calderón y arreglado con los principales empresarios del estado, el petismo de Anaya creyó necesario apoyar al PRI, donde convergen los intereses del impresentable gobernador Nati y del activo Carlos Salinas. La oposición abierta de AMLO a esta alianza PT-PRI podría dar marcha atrás al arreglo electoral norteño... Y, mientras el etéreo comensal del restaurante-bar Los Pinos sigue jugando a las guerras de canicas (camioneras y arancelarias) con los malosos vecinos a los que, cuando nosotros los amenazamos con una pulmonía, les llega cuando mucho un fugaz catarrito, ¡hasta mañana, con el botín reformado del petróleo adecuadamente repartido entre los partidos y los capos partidistas mediante los tales consejeros ayer sicilianamente acordados!

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