El presidente Felipe Calderón urgió ayer al Congreso de la Unión a que apruebe su segundo paquete de reformas en materia de seguridad, porque México no tiene tiempo que perder y la división de poderes tampoco debe ser utilizada como resquicio para la impunidad.

Tras defender la ley de extinción de dominio y una nueva legislación contra el nacomenudeo, que han suscitado críticas de los partidos políticos, ofreció que el miedo no pasará a transformarse en parálisis de las instituciones públicas y manifestó su disposición de replantear sus estrategias contra la delincuencia cuantas veces sea necesario.

Además exigió de nuevo a los gobiernos locales que redoblen esfuerzos, ahora con el argumento de que los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública 2007, dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, muestran la necesidad de hacer un uso más eficaz y más oportuno de los recursos destinados a la seguridad pública.

A la toma de protesta de la nueva directiva de la agrupación México Unido contra la Delincuencia, en el alcázar de Chapultepec, acudió la plana mayor de seguridad en diversos ámbitos. Fueron los procuradores general de la República, Eduardo Medina Mora, y del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, así como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En su llamado respetuoso al Congreso de la Unión a que debata y enriquezca sus propuestas, el michoacano dijo que es muy importante aprobar la ley de extinción de dominio para disponer, cuanto antes, de los bienes incautados a la criminalidad para seguir rompiendo su estructura financiera e incluso para combatirla y proteger a la ciudadanía.

Reorganizar la PGR, una de las primeras tareas

De la misma forma señaló que los poderes Legislativo y Ejecutivo necesitan actuar de manera coordinada para combatir el flagelo del narcomenudeo y para reorganizar a la Procuraduría General de la República y a la policía federal.

Pidió a los legisladores que establezcan un adecuado marco penal a quienes secuestran y mutilan o asesinan a sus víctimas, para que sean castigados con penas mucho más severas y en un proceso judicial mucho más exento a los riesgos de impunidad.

Tras advertir que esta tarea es enorme, colosal y el mayor desafío del país, el Presidente señaló que su gobierno está apostando por la depuración y el fortalecimiento de las instituciones militares, ministeriales y policiales, pero también pidió reciprocidad de los gobiernos estatales.

Sé que no es mucho pedir, al contrario, es lo mínimo que se le debe a la ciudadanía en materia de seguridad, explicó, al advertir que las autoridades locales deben trabajar rápido para volver a la normalidad institucional, porque los operativos conjuntos son temporales.

Antes, el presidente Calderón se dirigió a Gabriela Ulloa, joven que fue secuestrada y dio su testimonio en la ceremonia, para asegurarle que su gobierno trabaja para romper el círculo de impunidad y dio varias cifras para probarlo: 438 víctimas liberadas, 522 secuestradores detenidos y 69 bandas desmanteladas.

Ulloa había pedido la destitución inmediata de los funcionarios corruptos y expuso que los mexicanos quieren la libertad y la seguridad de poder salir a la calle sin miedo, dejar de tener que apagar las noticias porque lo único que pasan es más violencia.

La nueva presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Ana Franco de Wattnem, expuso un panorama desalentador en materia de crímenes y se quejó de que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad parece haberse diluido.

Aunque reconoció avances y reformas en los últimos años, aseguró que la sociedad ya está cansada de una delincuencia que sigue evolucionando hasta expresiones nunca antes vistas. Fue cuando se preguntó si llegaremos hasta los secuestros colectivos y señaló que su principal reclamo consiste en evitar el problema de extorsión.