La determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de que la inyección de recursos del gobierno de Estados Unidos en Citigroup, propietaria de Banamex, no contraviene la legislación mexicana, es una jugarreta inaceptable y debe ser causa de que el titular de esa dependencia, Agustín Carstens, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, sean sometidos a juicio político por el Congreso bajo la responsabilidad de permitir la operación de instituciones de banca múltiple violentando la legislación y los tratados comerciales, afirmó El Barzón.

Suprimir autorizaciones

La agrupación, que dice afiliar a unos 4 millones de deudores de la banca, opinó que el gobierno mexicano está obligado a suprimir de inmediato la autorización de que sigan operando en territorio nacional no sólo Banamex, sino el grupo suizo UBS, el holandés ING y el escocés RBS (Royal Bank of Scotland), ya que sus respectivos gobiernos tienen participaciones accionarias importantes, luego de haberlos rescatado financieramente.

Recurrir al TLC (Tratado de Libre Comercio) para pretender encontrar una cobertura legal y permitir la operación de Banamex, JP Morgan y Bank of America, es una jugarreta inaceptable. Está por demás claro que en el caso de Banamex, el gobierno estadunidense tiene, luego de inyectarle más de 45 mil millones de dólares, el 36 por ciento del capital social de Citibank y dicho banco es el dueño de Banamex. Es decir, una autoridad gubernamental está invirtiendo y controla la institución de banca múltiple que opera en México, opinó El Barzón en una declaración política.

Refiere que en el caso de uno de los argumentos utilizados por la SHCP, el de los tratados comerciales, el firmado con Estados Unidos y Canadá habla en sus artículos 1403 y 1405 de reservas para el establecimiento de instituciones financieras y trato nacional y que las entidades extranjeras que ejerzan funciones de autoridad gubernamental no pueden invertir directa o indirectamente, en instituciones de banca múltiple. Esto, afirmó la agrupación, es suficientemente claro... las implicaciones y obligaciones legales son de gran profundidad... El Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Diputados deben iniciar las investigaciones para detener la violación sistemática de la ley y fincar responsabilidades a las autoridades mexicanas.