Ayutla de los Libres, Gro., 19 de marzo. Este jueves fueron liberados Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), presos desde el 17 de abril de 2008 en el penal de este municipio, acusados de asesinar en enero del año pasado a Alejandro Feliciano García, informante del Ejército Mexicano. Raúl Hernández Abundio, presunto autor material del homicidio, sigue recluido.

Los miembros de la OPIM, originarios de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, abandonaron esta tarde el Centro de Readaptación Social de la localidad, luego que el martes Jesús Rafael Aragón, presidente del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del circuito 21, con sede en Acapulco, confirmó el amparo que el juzgado octavo de distrito dictó en octubre anterior en favor de los cuatro indígenas tlapanecos.

Orlando Manzanarez, dirigente de la OPIM en El Camalote, dijo que los liberaron porque le demostramos al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo que somos inocentes y que sólo encierra a luchadores indígenas.

Cruz, Manzanarez, Ortega, Hernández y Santiago han acusado a autoridades civiles y militares de abusos contra indígenas tlapanecos, entre ellos las violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, presuntamente cometidas por militares en 2002; la esterilización forzada a 14 varones en El Camalote, en 1998, y el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández, el 9 de febrero de 2008 en Ayutla.

Natalio Ortega y Romualdo Santiago dijeron que sufrieron mucho en la cárcel y Manuel Cruz señaló: Tenemos miedo de las represalias del gobierno. Apenas (el 21 de febrero) aparecieron muertos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos.

Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de la OPIM, consideró que el encarcelamiento de los tlapanecos es una evidencia de que en Guerrero se persigue a los defensores de los pueblos indígenas y el gobierno de Zeferino Torreblanca criminaliza la lucha social.

Rosales Sierra aseguró que desde 2003 al menos 10 defensores de las garantías individuales en Guerrero han recibido amenazas de muerte que no han sido investigadas. Además, están pendientes 10 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la OPIM; en cinco se está tramitando el amparo. Se les acusa de haber participado en el asesinato del informante del Ejército (Feliciano García).

Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la OPIM, consideró que la liberación de sus compañeros fue un triunfo a medias: Quedó en la cárcel Raúl Hernández. Vamos a interponer una demanda penal en contra de quienes acusaron a nuestros compañeros de un crimen que no cometieron. Una cosa es clara: la lucha en Ayutla de los Libres va a continuar.