Las leyes de Quintana Roo imponen una pena más severa a quien roba una vaca que a quien comete hostigamiento sexual, acoso o estupro, denunció la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, quien detalló que las penas que se aplican a estos delitos sexuales son hasta de dos años de prisión.

En cambio, robarse una vaca en esta entidad puede llevar a una persona a purgar 10 años de cárcel, u ocho, si lo robado es una colmena que contiene una colonia de abejas. 

La funcionaria explicó que las leyes de la entidad consideran la seducción y el engaño elementos constitutivos del estupro, pero por ser factores subjetivos y sujetos a interpretación, las jóvenes están indefensas.

Durante el foro de la tercera reunión nacional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se lleva a cabo en Quintana Roo, García Gaytán agregó que, de acuerdo con el marco legal de esta entidad, en los delitos de acoso y hostigamiento sexual se exige que las personas afectadas, la mayoría mujeres, demuestren que han sido objeto de estas conductas de manera reiterada, lo que también deja a la subjetividad y la interpretación de las autoridades juzgadoras el número de veces que se deben permitir estos hechos, antes de que sean considerados delito.

Sin embargo, García Gaytán reconoció que en esta entidad se han logrado avances para defender los derechos humanos, como la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; asimismo la Constitución estatal incorporó recientemente el principio de igualdad y tiene ley de cuotas para promover la participación política del sexo femenino.

Por otra parte, la presidenta de Inmujeres recordó que en el Informe sobre el examen periódico universal de las Naciones Unidas, elaborado en Ginebra, se hicieron al Estado mexicano 91 recomendaciones, de las cuales 83 fueron aceptadas.

Algunos de los planteamientos más reiterados fueron: continuar con las reformas legislativas para garantizar los derechos humanos de las mujeres, armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales y desarrollar programas de discriminación positiva para elevar el nivel de vida de las mujeres y asegurar su presencia en puestos de toma de decisiones.