gnominiosa y servil resulta la actitud del gobierno calderonista. Por un lado, discurso patriotero de por medio, aplica una represalia a los vecinos el norte con aranceles a persianas venecianas y arbolitos de Navidad por lo del transporte transfronterizo; por la otra, descaradamente dobla las corvas y viola la ley en el caso Banamex (Obamamex), para cuya solución no se sacó de la manga un debate público, como en el tema de la refinería, en el que también lo doblegaron.

La sagrada famiglia financiera del sector público, amafiada con su par del sector privado (que a estas alturas son una misma) de nueva cuenta viola la ley de Instituciones de Crédito, y lo hace arguyendo que el mandato legal en la materia no sólo es antiguo, sino que comete el gravísimo error histórico de no incluir casos de emergencia derivados de crisis globales, según reza el galimatías que en forma de comunicado divulgó ayer la Secretaría de Hacienda.

Resulta que el pasado 27 de febrero el gobierno estadunidense decidió rescatar a una de las más sucias instituciones bancarias de ese país, para lo cual adquirió 36 por ciento de las acciones de Citigroup, la trasnacional financiera propietaria de Banamex, un operativo que para el caso del banco que opera en México es totalmente ilegal, toda vez que la Ley de Instituciones de Crédito es más clara que el agua al dejar claramente establecido, en su artículo 13, que no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos.

Para efectos de Banamex, la decisión de la Casa Blanca viola la legislación mexicana, y el gobierno calderonista debió actuar de inmediato y en consecuencia. No lo hizo. Por el contrario, se tomó alrededor de tres largas semanas para inventar justificaciones y descaradamente violar la citada ley. El artículo referido ¿admite otra interpretación? El gobierno calderonista, por medio de la Secretaría de Hacienda, cree que sí, para lo cual ofrece un sólido su argumento (vil refrito de lo pretextado por el propio Citigroup tres semanas atrás) que vale reproducirlo en su parte medular:

La intervención del gobierno estadunidense en Citigroup no ha tenido por objeto convertirlo en prestador de servicios financieros; las medidas responden exclusivamente a la necesidad de salvaguardar sus sistemas financieros y los depósitos de sus ahorradores. Por tanto, tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano... La Ley de Instituciones de Crédito (aquella que expresamente prohíbe la participación de personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, como el gobierno de Estados Unidos) no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales, ni la participación mayoritaria de inversión extranjera. La prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito data de hace más de 20 años, en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial. En consecuencia, los preceptos vigentes, dada su generalidad y antigüedad, no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano, donde ya se permite la participación extranjera al cien por ciento, ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional. Por ello, rubrica la SHCP, conforme al principio de legalidad, la autoridad no tiene facultades para aplicar una regla no prevista (ergo el artículo 13 de la LIC no existe).

La ley no alcanza, dice Hacienda, ergo hay que violarla; la ley no abarca casos de emergencia, arguye, luego entonces hay que tirarla al bote de la basura para beneficiar al Citigroup; la ley, en fin, data de hace más de 20 años (la Constitución desde hace 92, aunque cotidianamente la violen) y por lo mismo se la pasan por el arco del triunfo para confeccionarle un traje a la medida a la trasnacional financiera.

Como la Ley de Instituciones de Crédito es antigua (1995), el gobierno calderonista, según dice la Secretaría de Hacienda, recurrió a un tratado comercial aún más viejo que dicha legislación, el TLCAN (1994), para servir al Citigroup y no objetar el control que tiene el gobierno de Barack Obama de la citada trasnacional financiera, a la que no se obliga, como la legislación lo establece, a vender su filial Banamex.

Tan simple y sencillo como eso, porque en el peor de los casos sólo algunos legisladores reclamarán airadamente por la ilegal decisión del gobierno calderonista, sin mayores acciones ni riesgos. Tal actitud del poder que supuestamente es un contrapeso para el Ejecutivo no sólo ha permitido cualquier cantidad de excesos y violaciones a la ley, sino que ha sido parte activa. Así se reprivatizó la banca, se rescató a los banqueros, se legalizó el Fobaproa, se extranjerizaron las instituciones del sector financiero que opera en el país y se entregó el control del sistema nacional de pagos a intereses foráneos. Y así, con la mano en la cintura, se viola la ley en el caso Banamex.

Ya en el descaro, la SHCP asegura que el gobierno federal estima necesario presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma con el objeto de reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional. En este sentido, se confirmará (es decir, el artículo 13 que no existe, según la misma dependencia) la prohibición de la participación de gobiernos extranjeros en dicho sistema, al tiempo que se establecerán con toda claridad los supuestos de excepción estrictamente necesarios para afrontar situaciones de crisis como las que se presentan hoy día.

Qué cara más dura: afirmar que su intención es reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional, cuando es más que obvio y escandaloso que desde muchos años atrás en bandeja de plata la entregaron a los intereses privados. Y después se quejan por lo del Estado fallido.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, persianas venecianas, champú y arbolitos de Navidad made in USA forman parte de la represalia que el gobierno calderonista puso en marcha para que los gringos entiendan con quién se meten, y de qué tamaño será la respuesta si reinciden. Y cierto es: saben perfectamente con quién.

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