En el Senado de la República se hizo ayer la declaratoria de la reforma constitucional que permite al Congreso federal legislar en materia de secuestro, una vez que la mayoría de los congresos locales la aprobaron.

Ayer mismo, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para crear la ley antisecuestro, que previene y sanciona ese delito en sus diversas manifestaciones, subraya las responsabilidades de los tres niveles de gobierno para combatirlo, así como el reconocimiento del derecho de las víctimas a recurrir a la asesoría de expertos para negociar el retorno indemne del plagiado.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, Felipe González, presentó en tribuna la reforma que impone la cadena perpetua para el secuestrador que haya asesinado, mutilado, torturado o violado a la víctima.

La pena será de 50 a 65 años si la víctima es menor, de la tercera edad, incapacitado o mujer. En casos de secuestro simple, de 40 a 60 años, y si se trata de un secuestro exprés, de 20 a 40 años.

Si no damos a la víctima y sus familiares la certeza de que los secuestradores permanecerán recluidos, no van a denunciar ni a rendir su declaración, indicó.

La preocupación central, explicó el senador González, es crear un ordenamiento que otorgue mayores derechos a los familiares de los secuestrados y consagre el principio de que toda medida o disposición en beneficio de las víctimas de secuestro será de orden público.

La iniciativa, que tiene como piedra angular los derechos de las víctimas y el establecimiento de una policía confiable, plantea una técnica legislativa que nos permitirá brindar al pueblo de México una estrategia integral contra el secuestro, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Ante la reiterada participación de agentes de la policía en las bandas de secuestradores, la ley reconocerá la facultad de la familia de las víctimas de recurrir a la asesoría de expertos para negociar el retorno indemne del plagiado.

Se indicará que la víctima tendrá el derecho a que su denuncia sea recibida por un subprocurador, quien deberá informar al procurador general de Justicia, a efecto de que esté en condiciones de mantener informada a la familia de los avances en la investigación, asegurando la confidencialidad del caso.