Después de cinco meses de estudiar un documento ofrecido como prueba en la denuncia contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, por presunto fraude procesal de 130 millones de dólares, peritos designados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se convencieron de que hay indicios claros respecto a que un pagaré que avala esa millonaria cantidad a nombre del prelado, y que el 23 de junio de 2008 fue endosado en propiedad a Jaime Matute Labrador, pudo ser manipulado con el propósito de simular actos jurídicos.

El penalista Xavier Olea Peláez, coadyuvante de la fiscalía capitalina, informó ayer a La Jornada que los peritos oficiales emitieron esta semana un veredicto en el que coinciden con sus homólogos de la parte querellante.

Estos peritos designados por la procuraduría capitalina encuentran, igual que los contratados por la parte denunciante, que hay indicios suficientes para considerar que el pagaré se hizo en dos tiempos: primero se firmó la hoja en blanco, cuando aún vivía la señora Olga Azcárraga Madero (propietaria original de una veintena de pinturas de autores de reconocimiento mundial que hoy se encuentran bajo litigio para definir a sus legítimos propietarios), y luego, tras su fallecimiento, se rellenó especificando los 130 millones, destacó Olea.

Dijo que este documento es una prueba toral, que concatenado con otros textos periciales y testimoniales que se están integrando como parte de la averiguación previa correspondiente, deberán llevar al agente del Ministerio Público a ejercitar la acción penal contra el obispo.

En este contexto, el pasado 19 de diciembre, por primera vez en la historia jurídica del Distrito Federal, un importante jerarca de la Iglesia católica compareció ante autoridades ministeriales en calidad de indiciado: el obispo Cepeda Silva llegó a la PGJDF en compañía de un abogado penalista, pero se reservó su derecho a declarar.

Desde la segunda quincena de octubre pasado, el prelado encara una acusación penal por presunto fraude procesal por 130 millones de dólares, debido a que participó en un litigio civil que implica la lucha legal por la propiedad de una veintena de pinturas artísticas, algunas de las cuales podrían ser consideradas patrimonio nacional, como es el caso de Mujer caminando, del oaxaqueño Rufino Tamayo, cotizada en un millón de dólares.

La denuncia contra Cepeda y Jaime Matute Labrador la presentó la empresa Arthinia Internacional SA, la cual los acusa de haberse confabulado para efectuar una simulación de actos jurídicos que les permitió embargar los derechos litigiosos con los cuales pueden adjudicarse la propiedad de los cuadros.

Originalmente, éstas y otras pinturas fueron donadas por Olga Azcárraga Madero –hermana del presidente del Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga– a la compañía Arthinia, de la que ella fungía como presidenta del consejo directivo.