esde el fin de semana pasado, la zona arqueológica del Tajín, en Veracruz, ha sufrido notables daños como consecuencia de la instalación de un espectáculo de iluminación que forma parte de las actividades de la denominada Cumbre Tajín. Dichos trabajos, según afirman custodios del lugar –opuestos al uso de la zona con fines comerciales–, han causado la destrucción de un bajorrelieve milenario y, de acuerdo con trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), han provocado la extensión de una grieta de casi 30 metros en la Pirámide de los Nichos, originada hace cinco años como consecuencia de una instalación similar.

El hecho que se comenta es el más reciente de una serie de episodios de destrucción del patrimonio histórico del país, que ha contado, en la mayoría de los casos, con la anuencia de las autoridades de todos los niveles. La semana pasada se informó en estas mismas páginas que la instalación de nuevas luminarias en la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán, como parte de los trabajos de adecuación y actualización técnica de la zona, ha derivado en un severo daño a las estructuras arquitectónicas de ese sitio maya (La Jornada, 12/03/09). Desde diciembre del año pasado, amplios sectores de la sociedad han manifestado su inconformidad y descontento por el espectáculo multimedia Resplandor teotihuacano, proyecto que las autoridades mexiquenses se han empeñado en avanzar, a pesar del ostensible daño causado en las estructuras piramidales –más de 6 mil perforaciones–, de carecer de guión académico y de violentar las normativas vigentes en materia de preservación de los monumentos históricos.

La proliferación de otros proyectos similares –en zonas como Tulum, en Quintana Roo, y Tula, en Hidalgo– da cuenta, en primer lugar, de que la riqueza histórica del país se encuentra a merced de los intereses y las ambiciones de empresas privadas, para las cuales las zonas arqueológicas no son más que mercancías que deben ser explotadas y generar ganancias económicas. Adicionalmente, la permisividad con que hasta ahora han actuado los gobiernos de todos los niveles ante estos espectáculos hace ver que las autoridades se conducen con una lógica especulativa y mercantilista, y que sus intereses se encuentran orientados a potenciar la explotación turística de los monumentos históricos, incluso a costa de su destrucción. Es particularmente reprochable la actitud que han asumido los altos funcionarios del INAH, entidad encargada de la custodia de estos centros, quienes parecen haberse erigido en defensores de los intereses políticos y económicos que se hallan detrás de los proyectos que se comentan, e incluso han descalificado a los trabajadores de ese mismo instituto que se oponen al usufructo.

La rapiña a la que ha sido sometido el patrimonio nacional da cuenta, por lo demás, de la ausencia de políticas culturales y educativas que promuevan en la población el cuidado del legado histórico, el valor de la herencia milenaria y el respeto a las culturas ancestrales: si la propia autoridad se encarga de vejar los monumentos históricos, no es de extrañar que algunos de los visitantes a los centros arqueológicos hagan lo propio, como ocurrió en enero pasado en el Parque-Museo de La Venta, en Tabasco, donde dos ciudadanos mexicanos y una estadunidense provocaron severos daños a un monumento olmeca.

Es necesario, en suma, que las autoridades frenen cuanto antes los programas de destrucción del patrimonio histórico. Porque, contrariamente a lo que dicta la lógica empresarial, encargada de fijar un precio a todo en términos monetarios, el valor de la memoria histórica de nuestro país es incalculable y debe ser defendida, protegida y preservada.