Las fracciones de PRD y Convergencia en la Cámara de Diputados anunciaron que promoverán una controversia constitucional en contra de la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de avalar la participación accionaria del gobierno de Estados Unidos en Citigroup y, por tanto, en Banamex.

En entrevista, el diputado perredista Juan Guerra Ochoa adelantó que presentará este martes a la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo para que esa instancia –donde convergen los ochos coordinadores– lo haga suyo y se vote en el pleno la decisión de presentar una controversia, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que se pronuncie sobre esta decisión absurda y malinchista de la SHCP.

Por su parte, el ministro jubilado de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro sostuvo que el titular de la SHCP, Agustín Carstens, debe ser sancionado, y con gran severidad, por haber violado la ley que expresamente prohíbe que alguna autoridad extranjera (en este caso el gobierno de Estados Unidos) actúe como accionista en un banco mexicano.

En una reflexión sobre este tema, exigió que Carstens ofrezca una explicación, y sobre todo, que nos indique con qué autoridad santifica la violación de la ley. Asimismo, rechazó el argumento del funcionario hacendario de que existe una laguna legal sobre el tema. No hay tal, simplemente la ley debe aplicarse, sin excepción y con todo rigor, insistió Castro y Castro, y subrayó que indebidamente el secretario de Hacienda se auto autorizó para tomar una decisión sobre el asunto, sin tener facultades para ello.

A su vez, Guerra Ochoa afirmó que la decisión del funcionario de conceder un plazo hasta de seis años a Banamex para que las acciones de Citigroup dejen de pertenecer al gobierno de Estados Unidos es inconstitucional y, por tanto, se excedió en sus facultades.

Constitucionalmente, agregó, el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en materia económica y financiera, así como para regular la inversión extranjera y si ésta es o no aceptable.

Recordó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece la salvaguarda de que México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con su interés soberano, tomarán las decisiones que les correspondan en materia financiera y de regulación bancaria.

Además, el señor Carstens juzgó subjetivamente si la intervención del gobierno de Estados Unidos es temporal, y argumentó una experiencia internacional que no corresponde, porque, si bien ha habido salvamentos, ningún gobierno acepta que otro enquiste su banca en el país, porque choca con su seguridad nacional y su soberanía financiera, expuso.

Por su parte, el secretario de la mesa directiva, José Manuel del Río Virgen, quien está a cargo del tema por parte de Convergencia, indicó que su grupo parlamentario también prepara la solicitud de controversia constitucional, y cuestionó que Hacienda no haya dado una explicación técnica sobre el plazo concedido a Banamex.

No podemos permitir una decisión que involucra la soberanía nacional a un solo hombre, que dice una cosa y luego otra, y que sale con una puntada, como dar tres años a la propiedad del gobierno de Estados Unidos en Banamex, y por lo tanto no tiene validez, afirmó.