Jalapa, Ver., 27 de marzo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió en Veracruz 3 mil créditos vencidos a la empresa Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP II), la cual no sólo duplicó el monto de la deuda de los derechohabientes, sino les inició procesos judiciales, denunció Jaime Ronzón, abogado de El Barzón Fuerza Jalapeña.

La mayor parte de los morosos cayeron en insolvencia por desempleo, y pese a que acudieron a restructurar la deuda, el instituto la entregó a particulares y éstos cotizan las viviendas por su valor comercial, no catastral.

Ronzón informó que El Barzón desconoció como interlocutor a Hugo Vega Morales, coordinador de asesores del gobernador Fidel Herrera Beltrán, ante grupos de deudores del Infonavit, pues el funcionario se ha puesto en favor de las empresas encargadas de recuperar la cartera vencida, con amenazas y acoso permanente.

Los barzonistas, dijo, piden audiencia directa con Fidel herrera para que intervenga, pues 3 mil familias en la entidad están por perder su patrimonio.

Los de SCRAP II, dijo, vienen con toda la voracidad, amagan a los deudores, los acosan, los amenazan y ponen plazos a voluntad de hasta 10 años pero con mensualidades que oscilan entre los 4 mil y 10 mil pesos, algo impagable, señaló el defensor.

Puso como ejemplo el caso de Rafael Silva, quien acudió a El Barzón pues está a punto de perder su casa ubicada en el fraccionamiento Lucas Martí, de Jalapa. Perdió su empleo y activó su seguro para obtener un año de gracia en los pagos, pero cuando volvió a cotizar, el Infonavit le notificó que su deuda ya la tenía SCRAP II, y esta empresa le informó que debía 380 mil pesos cuando su deuda con el Infonavit era de 150 mil pesos.

Ronzón expresó que el traspaso de la cartera vencida a empresas privadas sin dar oportunidad al deudor de negociar sus pasivos no sólo es ilegal, sino un atropello social de la institución, la cual únicamente busca el lucro y no el apoyo a la clase trabajadora.

En Sinaloa, 8,800 derechohabientes en esa situación; miles en insolvencia, por desempleo

Javier Valdez Cárdenas Corresponsal

Culiacán, Sin., 27 de marzo. Laura Rosario Parra López y sus hijas fueron desalojadas violentamente de su vivienda en junio pasado, como hace Infonavit y los despachos de abogados con los derechohabientes que dejan de pagar sus créditos, sólo que ella no había incumplido, al contrario, estaba al corriente.

Era media mañana. Una abogada identificada como Orfa, actuaria del juzgado cuarto civil de Los Mochis, municipio de Ahome, estaba en la puerta para sacarlas de su casa, ubicada en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, por la carretera a la comunidad de Ahome. Junto a ella, varios agentes de la policía municipal, armados.

¡Sálgase, esta casa está en poder de Infonavit, ya no es suya!, le dijo la abogada, muy prepotente. Sin muchas palabras, le pidió que subiera todos los muebles al camión de la mudanza, que estaba frente a la casa, y los recuperaría después, siempre y cuando mostrara las facturas originales de cada uno.

Espantada, Laura dejó a tres de sus cuatro hijas con los vecinos para ir a buscar a su esposo, quien es contratista de la construcción, así como a un abogado que la defendiera.

En su ausencia, una de sus hijas que estudia la secundaria llegó cuando los muebles estaban en el patio de la vivienda y entró a su casa a preguntar qué pasaba. La actuaria la sacó y le dijo que se fuera con los vecinos, porque esa ya no era su casa.

La madre de familia acudió con un despacho jurídico y de ahí le recomendaron que hablara con Ulises Sauceda, funcionario del Departamento de Cartera Vencida de la delegación de Infonavit en Sinaloa.

Ni notificaciones, ni citatorios

El funcionario revisó el historial del crédito otorgado a Parra López y encontró que efectivamente no había irregularidades. Además, Laura le informó que nunca le notificaron que estaba demandada ni le llegaron citatorios.

Él me dijo, ¿qué está pasando aquí?, ¿Por qué te quitaron la casa?, porque estaba extrañado, pues se dio cuenta que estaba al corriente en los pagos, pero al final, como resignado, dijo que no se podía hacer nada, recordó.

Le recomendó enviar los papeles a la ciudad de México, a las oficinas centrales del instituto, a ver si tenía suerte, y buscara la forma de que algún familiar cercano y mediante otro crédito, comprara la deuda de ella y así recuperara la vivienda, o que pagara, en ese momento, 280 mil pesos para que le regresaran su casa.

O sea, me estaba diciendo que era un error de ellos, que yo estaba bien, pero que ni modo, que no podía hacer nada porque era una orden judicial, y que pagara esa cantidad de dinero, en ese momento, cuando yo había programado pagarlo en 20 o 30 años, pero mediante mensualidades.

La derechohabiente manifestó que fueron tres meses de trajines, de ir y venir a la ciudad de Culiacán, a reclamar, gestionar y discutir con los funcionarios de Infonavit. En ese tiempo, el saldo fue su desgaste emocional y económico, el de su esposo e hijas, que vivieron en comodato, y el de los muebles, algunos de los cuales se echaron a perder.

En febrero de 2005, Laura perdió su trabajo y dejó de abonar el crédito para vivienda, de 400 pesos quincenales. En noviembre de ese año logró emplearse de nuevo y el 6 de abril de 2006 acudió al Infonavit a suscribir un acuerdo de restructuración, de tal manera que los pagos pasaron a 700 pesos. Ahora tiene cerca de nueve años en esa casa.

Opciones para derechohabientes

El Infonavit y el gobierno de Sinaloa informaron que a partir de este viernes y hasta el domingo se instalarán mesas de negociación de la cartera vencida en los edificios de los ayuntamientos de Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Rodrigo Ánimas Mejía, gerente de Recuperación del Infonavit, y Gustavo Guerrero Ramos, director de la Comisión de Vivienda del gobierno de Sinaloa, dijeron que en las mesas se buscará solucionar los problemas de cartera vencida que padecen los derechohabientes, incluso aquellos casos en los que hay de por medio una demanda judicial.

Las opciones que se ofrecerán, agregaron, son en: la omisión de pagos de hasta tres meses, éstos serán cargados a capital y el acreditado podrá reiniciar su pago en el mes que corre; prórroga por 12 meses continuos, plazo en el que el trabajador no tendrá la obligación de pagar su crédito sin caer en cartera vencida, o bien una prórroga de 24 meses discontinuos, en los mismos términos.

Informaron que la Universidad de Occidente elaborará estudios socioeconómicos en los casos en los cuales los trabajadores aduzcan incapacidad de pago o quieran reducir su factor de descuento.

Ánimas Mejía manifestó que al cierre de febrero, la cartera hipotecaria que tiene el Infonavit en Sinaloa es de 118 mil 174 créditos, de los cuales 109 mil 351 tienen sus pagos al corriente, no así los 8 mil 823 restantes, que representan mil 972 millones de pesos.

En Sinaloa, unos 8 mil 800 derechohabientes se encuentran en cartera vencida, lo que equivale a unos mil 900 millones de pesos en morosidad, lo cual, ubicaría a la entidad en el primer lugar nacional en ese rubro, según María Serrano, senadora, y Eduardo Ortiz, diputado federal y secretario de la Comisión de Vivienda.