Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1º de abril. Unas 50 familias damnificadas por el desbordamiento del río Grijalva en 2007 se plantaron frente al palacio de gobierno de esta capital para exigir indemnizaciones por la pérdida de tierras y casas.

También se quejaron de que las tengan en un campamento mientras la construcción de la Ciudad Rural, adonde serían trasladados, sigue estancada.

Los damnificados llegaron del poblado Rómulo Calzada, municipio de Tecpatán, adonde se les trasladó en noviembre de 2007, cuando el desprendimiento de un cerro tapó el cauce que abastece el sistema hidroeléctrico del Grijalva y provocó que el nivel del río creciera más de 15 metros, lo que inundó cientos de casas, pastizales y tierras de cultivo.

Los gobiernos federal y estatal prometieron indemnizar a las familias de la zona. Al menos 600 perdieron sus bienes y no podrán retornar a sus tierras, consideradas zonas de riesgo.

Los gobiernos federal y estatal nos perjudicaron porque manejaron mal las aguas de las hidroeléctricas (de Chiapas); no han terminado de valuar las pérdidas, afirmó uno de los afectados.

Explicaron que el proceso previo a la indemnización no ha terminado porque está amañado y lleno de arbitrariedades e inconsistencias, para darnos cantidades miserables que, en el mejor de los casos, sólo alcanzan para conseguir un terreno donde empezar a construir.

Los inconformes presentaron una lista de las familias que esperan apoyo. Acusaron al subsecretario de Gobierno estatal, Ismael Brito Mazariegos, de pretender quedarse con parte de las indemnizaciones y de ofrecerles sólo 10 mil pesos por la pérdida de viviendas, con un fondo que aportó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Que con sus 10 mil pesos el gobierno construya de nuevo nuestras casas, así como las calles, drenaje, alumbrado público, agua y escuelas, retaron los damnificados.

Dijeron que el gobierno de Chiapas quiere lucrar con el fondo de la CFE y pagar a toda prisa y según su criterio, no con base en el valor de los bienes perdidos.