Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron anoche el dictamen por el que se crea la ley de extinción de dominio y con ello se puso a fin a meses de discusiones e incluso de enfrentamiento del Legislativo con el Ejecutivo.

Durante dos meses, senadores de oposición legislaron bajo la presión del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien acusó particularmente al PRI de no colaborar en el combate al narcotráfico, por no aprobar esa iniciativa de Felipe Calderón, que finalmente anoche se votó en comisiones, aunque el proyecto del Ejecutivo fue modificado por completo.

Con ello se le tapa la boca a Martínez, advirtió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Fernando Castro Trenti, quien definió que la ley de extinción de dominio, que hoy se votará, mantiene el alma de la iniciativa de Calderón, pero se le dio otro cuerpo.

El perredista Tomás Torres expuso que se logró un instrumento para romper la estructura financiera del crimen organizado y al mismo tiempo se salvaguardaron los derechos de terceros inocentes.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, explicó que el debate central fue dejar a salvo las garantías individuales de los ciudadanos, propósito que finalmente se logró. El panista fue sometido también a fuertes presiones del gobierno federal, que en todo momento intentó que se mantuviera en sus términos la iniciativa que Calderón presentó seis meses antes. El pasado martes se atoró la aprobación del dictamen porque el senador del blanquiazul insistió en discutir la mayoría de los puntos ya modificados.

Ello obligó a los senadores de PRI, PRD y Convergencia a exigir que se firmara cada una de las hojas del dictamen, a fin de poner a salvo lo acordado. Ayer por la noche acabaron con los pendientes.

Después de largas jornadas y de meses de trabajo hemos concretado un texto que nos deja satisfechos en términos de dar mayor fortaleza a la autoridad frente a la delincuencia organizada, pero también de dar protección al ciudadano ajeno al hecho delictivo, explicó Castro.

Se construyó una institución sólida para desmembrar la columna económica de las bandas criminales, pero por otro lado se le da al ciudadano, que estaba inerme, un instrumento sólido para que sean respetados sus derechos. Ello, a través de una figura fundamental, que debe ser muy conocida por la sociedad: un incidente preferente de buena fe para que en un término de diez días, a partir de su presentación, el juez esté obligado a resolver sobre la devolución de estos bienes que fueron sujetos al proceso de extinción de dominio.

Además, agregó el senador Torres, se fijaron reglas para transparentar y auditar el destino de los bienes que se quitarán a los delincuentes y pasarán a poder del Estado. Hemos hecho un esfuerzo todos porque esta ley sea viable y eficiente, insistió el perredista.

Dijo que se eliminó el riesgo de que alguien que, por ejemplo, hubiera rentado un inmueble y éste fuera utilizado para la comisión de delitos, lo perdiera sin más. Otro de los puntos fue el destino que se dará a los bienes de narcos, secuestradores y otros delincuentes.

Se impuso el criterio de priístas y perredistas y en el artículo 61 de la nueva ley se dice que se destinará al apoyo de víctimas u ofendidos y en ningún caso podrán ser utilizados en gasto corriente, pago de salarios o gastos de administración.