Diputados de PRD, PAN, PRI y Coalición de Izquierdas en la Asamblea Legislativa (ALDF) hicieron una dura crítica al acuerdo adoptado por los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), mediante el cual esa institución financiará, con los recursos públicos que tiene asignados, los autos de esos servidores públicos y de otros mandos superiores.

Entrevistados por separado, los legisladores no repararon en calificativos: eso es un abuso, es una incongruencia, se trata de un robo, es lamentable, estamos ante un hecho inmoral e ilegal, e incluso Jorge Triana, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, sostuvo: si se usan recursos públicos para comprar un bien que pasará a manos privadas, pues es algo muy grave, es un delito, pues se trata de desvío de recursos públicos.

Jorge Schiaffino, coordinador del PRI, mencionó que en el momento preciso en el que la gente está muy molesta por los grandes sueldos que tienen en la Suprema Corte y en el Instituto Federal Electoral, se les ocurre a los magistrados del TEDF darse esa compensación, lo que está lejos de toda congruencia.

Carla Sánchez Armas, de la Coalición de Izquierdas, expresó que es muy lamentable que los magistrados usen el dinero que se les asigna, que aportan todos los capitalinos mediante sus impuestos, para incurrir en esos abusos. Tenemos que hacer un llamado a los magistrados para que reconsideren, recapaciten esa decisión, porque no está de acuerdo con lo que la ciudadanía exige de un servidor público tan importante como ellos, añadió.

Agustín Guerrero, secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF, señaló que esos excesos demuestran que urge una ley de austeridad a la que estén sujetos todos los entes públicos de esta ciudad.

Resaltó que los magistrados confunden la autonomía del órgano con el despilfarro, con el disponer a su antojo de los recursos públicos; eso es inmoral, ilegal. Vamos a hacerles un exhorto para que actúen con moderación y ajusten su gasto a la situación económica actual, y den marcha atrás en esa decisión de hacer suyos los autos del tribunal; eso es un robo.

En torno de este tema, el secretario administrativo del TEDF, Carlos Nava, defendió la modificación que aprobaron los magistrados a la prestación de uso de vehículos para asignarse a sí mismos y a funcionarios de mando superior apoyos de entre 300 a 200 mil pesos en un periodo de tres años para la adquisición de vehículos particulares, a cambio de suprimir partidas para mantenimiento y prestaciones, como dotación de gasolina.

En entrevista, afirmó que esa medida, que de hecho comenzó a aplicarse en octubre del año pasado, es de racionalidad del gasto, y es similar a la que aplican otros órganos, como el Tribunal Superior del Justicia del DF y la Secretaría de Hacienda.

Explicó que la propuesta se originó de la necesidad de renovar el parque vehicular del TEDF, lo que hubiera significado un gasto de 2 millones 654 mil pesos, de los que la dependencia no disponía. Con ese nuevo esquema, dijo, tendremos un costo de alrededor de un millón 200 mil pesos anual para todos nuestros funcionarios. Si fuera en el esquema anterior, nos estaría costando arriba de 2 millones 300 mil pesos, lo que significa la prestación de un año y medio.

Refirió que la dotación de gasolina para un solo magistrado significaba un gasto mensual de 3 mil 500 pesos; esto se suprime, junto con los gastos de mantenimiento y de emplacamiento, tenencia, seguro y verificaciones, entre otros, que correrán por cuenta del servidor público.

Para la dirigente del PRD-DF, Alejandra Barrales, los órganos autónomos, como los partidos políticos, están obligados a emplear con responsabilidad los recursos públicos que se les asignan, más ahora que la gente se aprieta el cinturón.