El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arturo Aispuro Coronel, aseveró que el impacto negativo de la controversia constitucional que promovió Gabriela Cuevas Barrón contra la aplicación del Programa Urbano Delegacional en Miguel Hidalgo es superior a 15 mil millones de pesos de inversión directa. Adicionalmente, la ciudad ha dejado de recaudar más de 120 millones de pesos en derechos y contribuciones que estarían destinados a programas de beneficio social.

En plena crisis mundial, cuando literalmente todas las ciudades han acordado que la prioridad es la defensa del empleo, la controversia constitucional que promovió la panista impidió más de 25 proyectos de inversión que cumplen con la norma, dijo en conferencia de prensa.

Esto representa más de 30 mil empleos directos que se hubieran generado con estos proyectos. Empleos que esperaron que la Corte resolviera la apertura de la ventanilla, como finalmente sucedió, indicó.

Los empleos que generarían estas inversiones fueron los únicos afectados, así como los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo en su conjunto, quienes pretendieron realizar gestiones para regularizar su vivienda, operaciones de compraventa o la apertura de un negocio familiar en esta crisis. También resultaron seriamente afectadas casi 3 mil 500 solicitudes tan sólo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no pudieron atenderse por la controversia Cuevas.

El funcionario dijo que a fin de evitar una mayor afectación a los habitantes de la demarcación, la Seduvi puso en funcionamiento una ventanilla especial para la atención de los habitantes, misma que operará en las instalaciones de la dependencia, ubicada en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito.

La panista, por su parte, respondió a estas acusaciones mediante un comunicado en el que manifestó que las declaraciones se hacen porque Ebrard está enojado porque no solapé ninguno de los abusos que intentó perpetrar en Miguel Hidalgo.

Aseguró que la única forma de proteger a la demarcación de la voracidad, fue acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo así, el Gobierno del Distrito Federal publicó una fe de erratas.

Separada de la jefatura delegacional, manifestó que el gobierno está desesperado por entregar la demarcación a los intereses inmobiliarios, sin importarle la calidad de vida de los vecinos.

Como defensa, sobre las pérdidas económicas que dicho recurso causó, Cuevas expuso que la semana pasada el jefe de Gobierno publicó un decreto para perdonar impuestos a los constructores; esta condonación equivale en temas de Miguel Hidalgo a perdonar más de 108 millones de pesos que ingresaron por estos conceptos en la Tesorería durante 2008.

Asimismo, Cuevas Barrón señaló que para poder construir la Torre del Bicentenario se falseó en su publicación el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación, aprobado por la Asamblea Legislativa. Al día de hoy, dijo, tal alteración permanece impune. Ningún funcionario del gobierno de la ciudad fue sancionado por falsear la ley a su conveniencia, indicó.