La Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) no permitirá chantajes ni presiones de ningún tipo que pretendan de manera indebida obtener concesiones para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros (taxi) y, en caso de interponerse alguna denuncia, se irá al fondo de la misma, para deslindar responsabilidades y evitar que se contamine un proceso de regularización que tiende a eliminar la corrupción en que había vivido este sector.

Ante las denuncias presentadas por Sandra Elizabeth Cervantes Saavedra, Paulino Santamaría Hernández, Roberto Barroso y Agustín Contreras, contra funcionarios de la dependencia, a quienes acusan de haberles pedido dinero para la entrega de 220 juegos de placas, se comprometió a dar seguimiento puntual a todos y cada uno de los requerimientos que le hagan las autoridades, a fin de esclarecer los hechos.

La dependencia mencionó que el pasado 20 de febrero, Sandra Cervantes presentó una denuncia por fraude contra los funcionarios Víctor Manuel Ramírez Reséndiz y Omar Franco García, ante la Fiscalía Central en Investigación para Servidores Públicos, en la que relata hechos contrarios a los que detalla en diversos escritos que presentó días después, 27 de febrero y 3 de marzo, ante la jefatura de Gobierno, la Contraloría General e Interna de la administración capitalina.

A ello se sumaron otras anomalías, como las supuestas cantidades de dinero que entregaron a dichos funcionarios de la Dirección General del Servicio de Transporte Individual de Pasajeros, y a Alexandra Malpica Gómez, directora Jurídica de la Setravi, quien en la fecha que refiere, 25 de enero de 2008, se encontraba fuera de la ciudad, situación que se acreditará en su momento, dijo la dependencia.

Además, no se han presentado los elementos de prueba que acrediten la denuncia interpuesta ni se han ratificado los hechos que se mencionan por correo electrónico del 21 de julio pasado a la Contraloría Interna, añadió la Setravi.

Anomalías en las quejas

Estos hechos presentan anomalías como la diferencia en el número de concesiones que manejan los quejosos, además de que la cantidad de dinero que dijeron haber entregado es diferente a la que se señala en la denuncia penal.

Por ello, independientemente de las acciones legales que pudieran interponer por su cuenta los afectados, la dependencia efectuará las denuncias correspondientes por los delitos que eventualmente se pudieran haber cometido, pues no vamos a ceder ante amenazas o chantajes para tratar de lograr la entrega de las concesiones de manera indebida, las cuales únicamente se darán a las personas que acreditaron el procedimiento respectivo, advirtió.