La Red por los Derechos de la Infancia en México y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) anunciaron que solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que revoque la deducibilidad de impuestos a la organización Reintegración Social AC, operadora del albergue Casitas del Sur, por estar implicada en la desaparición de ocho menores.

La Secretaría de Hacienda debe quitar esa prerrogativa para evitar que individuos y empresas sigan financiando a una organización cuestionada, cuyos integrantes son acusados de secuestro”, afirmó el director de la red, Gerardo Sauri, en conferencia de prensa en la ciudad de México.

Informó que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2006 Casitas del Sur recibió un millón 47 mil 116 pesos en donativos en efectivo y cuatro millones 71 mil 467 pesos en especie.

La Red y la ODI pidieron a las procuradurías General de la República y estatales que soliciten información al SAT sobre la identidad de las empresas y personas que financian a los albergues Casitas del Sur en la ciudad de México: La Casita de Cancún, Quintana Roo, y Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac), en Nuevo León, los tres de la Iglesia cristiana restaurada y operados por Reintegración Social AC.

Niños de NL siguen desaparecidos

Cinco meses depués de la desaparición de tres menores que estaban internados en el Caifac, en el municipio de San Nicolás, conurbado a Monterrey, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León ha sido incapaz de dar con su paradero, y su presunta secuestradora, Patricia Murguía Ibarra, directora de la institución, sigue impune, afirmó la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Silvia Guadalupe Puente Aguilar, coordinadora de Cadhac, afirmó que Diana Bernal Hernández, de 12 años, así como sus primos Adriana, de 13, y Julio César Castañeda Bernal, de 10, fueron secuestrados en noviembre de 2008 por Murguía Ibarra.

En conferencia de prensa en Monterrey, informó que ante la falta de resultados de las autoridades de Nuevo León, Cadhac denunció el caso ante la Organización de Naciones Unidas, que turnó el expediente a la relatora especializada en venta de niños.

Sentencian a implicados en la venta de un bebé

El juzgado quinto de lo penal, ubicado en la capital de Aguascalientes, impuso penas de tres a cuatro años de prisión a cuatro personas acusadas de vender un bebé en febrero. Agentes de la policía ministerial del estado de Aguascalientes detuvieron a los ahora sentenciados el 6 de febrero, cuando realizaban la transacción, por 20 mil pesos en efectivo.

Los sentenciados son Altagracia Eudave Esparza, Nicolás Almanza Herrera, Noemí Arreola Eudave y Olivia Dávila Becerra. La primera fue condenada a cuatro años de cárcel y se le impuso una multa de 6 mil pesos por alteración de estado civil y falsedad ante la autoridad; Arreola Eudave fue sentenciada a tres años y tres meses de cárcel y deberá pagar una multa de 5 mil 300 pesos.

En tanto, Dávila Becerra y Almanza Herrera fueron condenados a seis meses de prisión y multa de 238 pesos por tráfico de menores.