La Cámara de Diputados aprobó ayer una adición al Código Penal Federal (CPF) para tipificar como delito federal las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en una reforma que pretende obligar a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar asesinatos, desapariciones y amenazas contra informadores, que no han sido resueltos por la fiscalía especial ni por los gobiernos de los estados.

Con 263 votos en favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó incluir el título vigésimo séptimo: De los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística al código penal, así como otros dos artículos.

Así, se agregó al CPF el artículo 430, el cual señala: a quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa. Sanciones que se incrementarán hasta 50 por ciento si el delito es cometido por un funcionario público.

También se agregó el artículo 431, en el cual se define la actividad periodística que se protege: El ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas. Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.

En tribuna, el presidente de la comisión especial que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, el panista Gerardo Priego Tapia, señaló que se trata no sólo de evitar la persecución contra informadores, sino acabar con la corrupción que impera en un sector del gremio.

La intención es evitar que acallen a los mensajeros. Eso no quita que haya periodistas corruptos, por supuesto que los hay, que difaman a mucha gente. Pero eso no excluye la seriedad del tema con el periodismo sano del país ni con el escrutinio público, constante, a los gobernantes.

Insistió en que en el periodismo, así como en la política, como en el sector privado y en el futbol, también hay corrupción, pero lo que tratamos de hacer es defender la comunicación positiva, romper los obstáculos para que sea sana. Es cierto que en muchos municipios y estados hay una capacidad mercenaria de muchos medios de comunicación, y lo que queremos es evolucionar, por ejemplo, en la publicidad, para evitar que el dinero de los mexicanos sirva para comprar la conciencia de periodistas para que hablen bonito de unos y agredan a otros.

Recordó que la reforma se aprobó en el cuarto aniversario de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Sonora, sin que hasta el momento exista explicación alguna de los gobiernos municipal, estatal o federal.

El presidente de la mesa directiva, César Duarte Jáquez, recordó en tribuna el asesinato de Armando Rodríguez, de El Diario de Ciudad Juárez, ocurrido el 13 de noviembre pasado, y sostuvo que con la reforma al código penal la Cámara envía un mensaje para fortalecer la profesión del periodismo con libertad y mayor fortaleza.

El periodístico, sostuvo, es un oficio que se ejerce con riesgos a diario en México, sobre todo en estados donde la lucha de la delincuencia organizada es permanente, queriéndose imponer en regiones por encima de la autoridad constituida.