Santa Catarina, Gto., 3 de mayo. La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato amenazó con encarcelar a una joven violada que solicitó a la Secretaría de Salud que le hiciera un aborto, denunció Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres.

A pesar de que la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres obliga a las autoridades estatales a interrumpir el embarazo en caso de violación, el gobierno del estado intimida, amenaza y coacciona a las víctimas para que no hagan uso de este derecho, acusó.

Cruz Sánchez recordó que en diciembre de 2008 Laura, de 24 años de edad, fue víctima de abuso sexual por un amigo de su familia, con quien tiene una relación laboral.

Hace más de mes y medio la víctima denunció la violación ante el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Cenavi) del municipio de Santa Catarina y pidió apoyo para interrumpir el embarazo.

Desde el principio quería abortar, por eso denunció, pero esto jugó en contra de ella, porque alertó a las autoridades y le dijeron que era un delito y que terminaría en la cárcel, comentó la activista.

El Cenavi puso a la afectada en contacto con el Ministerio Público, cuyos agentes vas esporádicamente a Santa Catarina, uno de los municipios más alejados, marginados y pobres del estado. Ahí le tomaron la primera declaración ministerial. Ella reiteró que quería abortar y le volvieron a decir que es un delito. El expediente es turnado a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Dolores Hidalgo, relató Verónica Cruz.

La mujer solicitó en el hospital de San Luis de la Paz, de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que interrumpieran el embarazo, pero también le respondieron que no podían hacerlo porque es un delito, narró.

El lunes 28 de abril, integrantes del Centro las Libres visitaron a Laura en Santa Catarina. Cuando llegamos había dos policías ministeriales, una agente del MP, una secretaria y una trabajadora social que iban a tomarle declaración a la mamá (de la víctima), recordó.

Teresa Macías, titular de la agencia especializada en delitos sexuales, amenazó a Laura con encarcelarla si abortaba. Le dijo que tenían todos sus datos y el ultrasonido. Claro que esto no lo dejó asentado en la averiguación previa, denunció Cruz Sánchez.

La agente del Ministerio Público le dijo que el bebé no tiene la culpa de lo que pasó, que es una prueba de la violación, porque ¿qué tal si se parece al agresor?, y que incluso podía solicitarle pensión, narró la directora del Centro las Libres.

La víctima tiene 11 semanas de embarazo y la exigencia de la organización no gubernamental es que el gobierno del estado cumpla las leyes y deje de intimidar a las mujeres que sufrieron abuso sexual, concluyó.

Laura está confundida y teme un proceso penal. Vamos a respaldar la decisión que tome. Si quiere abortar pagaríamos el procedimiento con un médico particular, aseguró Verónica Cruz.

La activista aseguró que, por razones ideológicas, el gobierno del estado, emanado del Partido Acción Nacional, viola la NOM 046 y el artículo 163 del Código Penal de Guanajuato, que estipula, entre otras causales, que el aborto no es punible cuando el embarazo es resultado de una violación.