Cuernavaca, Mor., 5 de mayo. Los cuatro jóvenes levantados por elementos de la policía ministerial de Morelos el 18 de abril fueron localizados muertos en el barranco El Mirador del Mogote, municipio de Pilcaya, Guerrero, informó Jorge Arturo García Pedroza, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En conferencia de prensa, García Pedroza comentó que debido al avanzado estado de putrefacción de los cuerpos no se pudo identificar la fecha ni la forma en que las víctimas fueron asesinadas, pero aseguró que las autoridades de Guerrero investigarán los homicidios.

En Morelos, dijo, únicamente continuará la investigación por desaparición de personas contra Elesban Miguel Alamilla Cabañas, comandante de la policía ministerial a quien se acusa de haber golpeado y secuestrado a los muchachos junto con otros policías que lo acompañaban en la patrulla 01112 de la corporación. El jefe policiaco está prófugo.

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero recuperó los cuerpos hallados la tarde del domingo en una barranca de unos 600 metros de profundidad en el municipio de Pilcaya, a unos 20 kilómetros de Taxco de Alarcón.

La dependencia guerrerense se limitó a entregar los cadáveres a los familiares que la mañana de este martes llegaron al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, acompañados de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Morelos.

Las víctimas fueron identificadas como de Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Alfredo Arroyo Juárez, de 21; Samuel Terroba Rodríguez, de 23, y Pablo Domínguez Montiel, de 22, los cuatro originarios de San Miguel Acapatzingo, Morelos.

En Cuernavaca, García Pedroza, acompañado de José Robles Quintana, el nuevo coordinador de la policía ministerial –el anterior, Guillermo Vargas Rodríguez, fue destituido del cargo por el mismo caso– aseguró que no han localizado al comandante Alamilla Cabañas.

Desde que el sospechoso huyó, su esposa, Rosalyn Martínez Millán, agente de aprehensiones de la PGJE, pidió licencia a su cargo, dijo García Pedroza, quien se negó a informar el motivo de su permiso y si también se le investiga a ella.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), exigió que el gobernador, el panista Marco Antonio Adame Castillo, ordene una investigación independiente sobre este crimen, como recomendó Amnistía Internacional (AI).

La PGJE no puede autoinvestigarse, dijo Martínez Cruz, quien recordó que dos días después del levantón el comandante de la policía ministerial no se presentó a trabajar y dos días después la PGJE emitió la orden de aprehensión.

En su carta al gobernador, AI demandó una investigación independiente debido a la corrupción de la policía y los frecuentes señalamientos de complicidad en crímenes graves, recordó Martínez Cruz.