nte el embate de la crisis se agudiza la discrepancia entre una realidad signada por el desempleo, cierre de empresas, bancos y aseguradoras y la retórica a favor del free trade y las privatizaciones: hace poco, cuando Luis A. Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), censuró el estatismo y el populismo de algunos gobiernos, parecía una insólita crítica a los colosales rescates bancario-empresariales y al dirigismo de la Casa Blanca de Barack Obama que por esos días forzaba la renuncia del CEO de General Motors. Digo insólita porque el BID junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es parte y parcela, con el Pentágono (DdD), la CIA, AID y la DEA, de los instrumentos disponibles al Ejecutivo de EU al sur del Bravo.

Pero no. Moreno dirigía su crítica a Venezuela, Bolivia y Ecuador, que, por su estatismo y populismo, fueron colocadas por el almirante Dennis Blair, director de la Inteligencia Nacional, en la categoría de amenazas a la seguridad estadunidense en la región, junto a Cuba, China, Irán y Rusia. Blair apunta su dedo acusador desde la coordinación de espionaje de la mayor burocracia estatal-militar de la era moderna, cuyo presupuesto rebasa el billón (trillion) de dólares y que opera la geopolítica del terror, con dos campos de prueba: el Plan Colombia y su extensión en la Iniciativa Mérida (IM).

A más de una década del Plan Colombia, existe evidencia ad nauseam de atrocidades y crímenes de lesa humanidad para exigir su enjuiciamiento-supresión y conjurar su clonación en la IM: el reciente informe Impunidad uniformada, de Human Rights Watch sobre el uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y la seguridad pública, es una fuerte llamada de atención. Al respecto son abrumadores los documentos, reflexiones y testimonios ofrecidos por Hernando Calvo Ospina (Terrorismo de Estado en Colombia, el Perro y la Rana, Venezuela, 2007) sobre el patrocinio y participación del DdD en el uso del terror por medio de las Fuerzas Armadas colombianas (FA) y de unidades paramilitares, el brazo clandestino del Estado –estadunidense y colombiano–, en la ejecución de crímenes de guerra contra una población inerme. Ello como estrategia de control territorial y poblacional permanente y complementario de la política contrainsurgente, según informe de 1997 de la alta comisionada de la ONU.

Hasta 1994 las FA eran responsables de la mayoría de las masacres. Para evitar el hundimiento de la actuación e imagen del principal aliado militar de EU en América del Sur y con el aval de los gobiernos de Bush padre y de Clinton, se desplegó una campaña para hacer lucir al paramilitarismo como un tercer actor en el conflicto interno. Washington y Bogotá se esforzaron por presentar esa aberración como un electrón libre, cuya violencia no podía ser controlada: el Estado pasaba a mostrarse como víctima de los violentos, tanto como la población (p. 257). Los paramilitares se convirtieron en el brazo ilegal de la fuerza pública para la que ejecutan el trabajo sucio. Según el Congreso del Defensor del Pueblo es una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas que algunos llaman la violencia por delegación.

Los hechos muestran la activa acción de las Fuerzas Especiales y contratistas-mercenarios de EU en el esquema mientras que, de manera sistemática, las FA no se movilizan para evitar las matanzas, sino que aportan a su realización como se asume en los esquemas de dominio geoestratégico del Pentágono y su Comando Sur. Lo esencial de la geoestrategia del terror, de acuerdo con un documento del Departamento de Estado, está en el dominio sobre zonas ricas y estratégicas que, como la de Urabá, no sólo produce 60 por ciento del banano, sino que contiene gigantescas reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros, y una biodiversidad casi sin igual en el mundo (p.188).

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