a concepción, organización y financiamiento de los sistemas de salud repercuten directamente en el nivel de seguridad sanitaria de un país y en la protección de su pueblo. Esta seguridad se construye desde abajo, con un sistema integrado de servicios de salud, así como con la producción e incorporación de los avances científicos requeridos.
Para alcanzar un alto grado de seguridad sanitaria es necesario fomentar una cultura de salud, basada en un proceso diario de educación de la población y de difusión para que la gente sepa qué es normal, qué medidas tomar y cuándo recurrir a los servicios de salud. Éstos, a su vez, deben registrar y vigilar sistemáticamente qué ocurre en su territorio de responsabilidad con el propósito de tomar medidas oportunas e informar y orientar a las personas, así como a los propios trabajadores del sector.
Es también preciso que existan mecanismos para ofrecer la atención médica necesaria de la complejidad requerida sin ningún obstáculo económico, geográfico o burocrático. Con ello se logra la óptima interacción entre la institución de salud y los ciudadanos que es la única base para construir una relación de confianza, la cual contrarresta eficazmente el miedo o el pánico ante lo desconocido.
Todo esto parece obvio, pero pocos sistemas de salud lo logran justamente por su concepción, organización y financiamiento. En rigor, sólo el sistema público único de salud cumple todos los aspectos señalados, mientras las reformas de salud bajo la lógica mercantil y de competencia crean una lógica institucional que tiende a desmontar esos elementos necesarios.
Al concebir un sistema que se centra en la atención del individuo y en el cual el dinero sigue al enfermo a la institución, pública o privada, donde se atiende, estamos ante un incentivo perverso. Su primera víctima es la salud colectiva, la de la comunidad y con ello la seguridad sanitaria del pueblo.
En 1983 se inició un grave desfinanciamiento de todas las instituciones públicas, incluyendo las de seguridad social, como resultado de la política neoliberal de ajuste y cambio estructural
adoptado por México con la crisis de 1982. Resultó en un deterioro institucional creciente y la destrucción del tejido sanitario. Luego la concepción mercantil y de competencia del sistema público de salud se impuso, primero, con la reforma de la Ley del Seguro Social en 1995, culminó con el Seguro Popular, creado en 2004, y se completó con la reforma de la Ley del ISSSTE en 2007.
La Secretaría de Salud (Ssa) federal es la autoridad sanitaria nacional, con la coadyuvancia de los sistemas estatalesen la materia, y la responsable de la vigilancia epidemiológica, así como de tomar las medidas necesarias para controlar brotes epidémicos. Para ello cuenta con protocolos y planes establecidos como en el caso de la influenza, particularmente de las nuevas cepas. El punto de arranque es siempre el reporte de un caso sospechoso. Si las personas no tienen dónde atenderse o no lo hacen por falta de dinero, o no son diagnosticados correctamente o acuden a un médico privado, los casos índice nunca se descubren y no pasa nada mientras no haya un brote inocultable. La falta de atención y los errores diagnósticos ponen además en riesgo a la persona enferma y su entorno.
El Seguro Popular (SP) incrementó los recursos financieros públicos para salud, pero la lógica de asignación del nuevo dinero es darlo según el número de personas inscritas y utilizarlo en su atención. Además se prepara la transferencia de parte de los fondos a prestadores privados en aras de la competencia. Esto ha causado un desgarramiento de la base misma de la protección sanitaria que descansa en el personal de los centros de salud y las jurisdicciones sanitarias. Se premia la atención médica y se relega el andamiaje sanitario: búsqueda activa de casos, revisión de expedientes, reporte oportuno de casos, estudio de los contactos para su aislamiento y tratamiento, así como cercos epidemiológicos necesarios, acciones que se realizan por enfermeras de campo, trabajadoras sociales y médicos.
Aún existe un gran número de personas que no pueden pagar el servicio. Incluso Lancet en su edición online acaba de publicar (8/4/09) que los asegurados del SP no reciben más servicios que los no asegurados, al contrario de lo que sucede en el resto del mundo, donde la abolición del pago directo incrementa la demanda y el acceso (Bulletin WHO, 86:839–848, 2008).
Otra evidencia de la disfuncionalidad del SP es que se tuvo que hacer un decreto especial para incluir a la influenza A/H1N1 entre las pocas enfermedades de gasto catastrófico reconocidas, con la finalidad de eximir a los contactos y los enfermos del pago de sus pruebas de laboratorio y el tratamiento, incluyendo el profiláctico.
