Oaxaca, Oax., 9 de mayo. Cientos de integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como integrantes de organismos civiles, participaron en la Primera Marcha contra la Violencia, la Persecución Política, la Desaparición Forzada y el Feminicidio, que se efectuó por las principales calles de la ciudad.

En un mitin efectuado en el zócalo, frente al antiguo palacio de gobierno, Yésica Sánchez Maya, representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, dijo que en lo que va de 2009 han sido victimadas 23 mujeres, tres de ellas esta semana, con lo que se superan las cifras registradas en los cinco primeros meses de años anteriores.

Afirmó que las políticas de los gobiernos federal y estatal para proteger a las mujeres de la violencia no sirven de nada pues en 10 años 500 mujeres han sido asesinadas en el estado.

Antes, el secretario de Organización de la sección 22, Gabriel López Chiñas, hizo un reconocimiento a la mujer oaxaqueña por su participación en el movimiento magisterial y popular, pero también por su perseverancia y firmeza sin las cuales ni la gesta heroica de 2006 hubiera sido posible.

También demandó la libertad de los presos políticos y de conciencia, el castigo a los autores de los 26 asesinatos y la cancelación de procesos, además la presentación con vida de los desaparecidos, las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez y los miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

En su turno, Mario Olivares, consejero estatal de la APPO, requirió justicia para los responsables de los 26 asesinatos, la libertad de los sentenciados políticos y alto a la persecución de miembros del movimiento magisterial y popular, así como el regreso de los exiliados Jaqueline López Almazán, Samuel López Morales y Raúl Gatica.

La también consejera estatal de la APPO, María del Carmen López Vásquez demandó el esclarecimiento del asesinato de Beatriz López Leyva, coordinadora del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador en la región de la Costa, y el castigo al autor intelectual del crimen, del edil priísta Leonardo Ortiz Silva.

Demandó el cese a la persecución de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos, así como de los habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, por oponerse a la apertura de una mina debido a la afectación que causará al medio ambiente.