Ante la represión de autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de 60 familias cucapá, por ejercer su derecho milenario a pescar en las márgenes y delta del río Colorado, los indígenas interpondrán un amparo y buscarán agotar todos los recursos legales antes de llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha zona ha sido declarada reserva de la biosfera del Alto Golfo de California,

Mónica P. González Portillo, Hilda Hurtado Valenzuela y María Inés Hurtado Valenzuela, de la sociedad cooperativa de producción pesquera Pueblo Indígena Cucapá, denunciaron que el pasado 21 de abril personal de Profepa, acompañados por integrantes de la Marina, realizaron un operativo en contra de los pescadores.

Los marinos apuntaron sus armas de alto poder a los cuerpos de los hombres y cortaron cartucho para obligarlos a abandonar sus pangas, señalaron.

Los inspectores de la Profepa rompieron los chinchorros (red para la pesca) e insultaron a las mujeres que les habían pedido dialogar para evitar incidentes de mayor gravedad, asentaron.

Explicaron que los volúmenes de pesca de las familias indígenas, que poseen 50 embarcaciones, no son mayores de 250 toneladas por temporada.

El año pasado, según reportes de las autoridades, se capturaron mil 117 toneladas de corvina golfina, una de las especies de mayor demanda en cuaresma.

Los indígenas cucapá han pescado en esa zona desde épocas prehispánicas; las presiones y hostigamientos iniciaron en 1998, cinco años después del decreto de zona de la biosfera. Ahora las amenazas contra los indígenas son más frecuentes; desde hace tres años empezaron a fincarse responsabilidades penales, comentó Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

El personal de Profepa se resiste a entender el derecho milenario de los indígenas, dijo. Refirió que en 2007 levantó una denuncia penal en contra de Mónica P. González por no entregar 6 kilogramos del pescado; aún no hay nadie detenido, pero es una acción que se puede llevar a cabo en cualquier momento.

Agregó que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) se ha negado a extender las guías de traslado a los indígenas, bajo el argumento de que su actividad la realizan en la zona núcleo de la reserva de la biosfera. Ante la intransigencia de Semarnat, Sagarpa –de la que depende Conapesca– y Profepa sólo queda la vía jurídica y la denuncia internacional.

A raíz de dicha tensión, en 2002 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación (08/2002) dirigida a Semarnat y Sagarpa para que no se siguieran violando los derechos humanos de 225 pescadores, a quienes desde el año 2000 se les prohíbe realizar su actividad.

La CNDH resalta que la pesca es comprobadamente la única forma de sustento económico y de alimentación de los indígenas, que carecen de embarcaciones y técnicas para proveerse en mar abierto.

Agrega que las familias de pescadores fueron desplazadas de su asentamiento natural, obligados a vivir en tierras áridas y a pescar únicamente en altamar, en donde el tipo de redes es inapropiado e ineficiente y (…) la especie corvina golfina no es considerada endémica, rara, amenazada o en peligro de extinción; (…) la pesca realizada por dicha comunidad, aún cuando se realizara en la zona núcleo de la reserva, no rompe con el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie.

Ramírez Baena apuntó que los indígenas no tienen notificación de la CNDH respecto a que la recomendación ya fue atendida, pero el director de la reserva de la biosfera, José Campoy Favela, manifestó a los cucapá que ese es un asunto concluido.