Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arraigó a 21 ex servidores públicos de 14 municipios, a quienes se acusa de usar indebidamente recursos destinados a la reconstrucción de puentes de hamaca dañados por el huracán Stan en 2005.

Los detenidos ejercieron sus cargos entre 2005 y 2007, en el último tramo de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), con quien comenzaron los trabajos de reconstrucción, y el inicio de la actual, a cargo de Juan Sabines Guerrero.

Los ex alcaldes de Montecristo de Guerrero, Villa Comaltitlán, Escuintla, Tuzantán, Mazatán, Mazapa de Madero y El Porvenir fueron remitidos a una casa de seguridad del gobierno estatal en Chiapa de Corzo junto con los demás ex funcionarios implicados (síndicos, tesoreros y directores de obras) en los municipios mencionados y otros.

El sábado pasado la policía los detuvo a todos con aparatosos despliegues de agentes, los trasladó a esta capital y en seguida los arraigó.

Según la PGJE, una denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría estatal los señala como presuntos responsables de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y peculado.

Según la Contraloría, hubo incumplimiento de metas y objetivos, deficiente supervisión de obras y faltantes de materiales y documentación comprobatoria.

La PGJE dijo que continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de otros ex servidores públicos, profesionales y empresas responsables de la ejecución y supervisión de los trabajos.

El huracán Stan devastó en octubre de 2005 municipios serranos y costeros. El gobierno federal destinó a la entidad 11 mil millones de pesos para la reconstrucción. La mayor parte de esos recursos se gastó parte durante 2006, último año de la administración de Salazar Mendiguchía.

Al inicio de su gobierno, Sabines Guerrero inició una revisión de cuentas y la Secretaría de la Contraloría estatal detectó irregularidades en el manejo de unos 6 mil millones de pesos de recursos federales, principalmente en el Instituto de la Vivienda y por parte de funcionarios municipales.

Como resultado de estas pesquisas, en noviembre de 2008 fue detenido el ex director de la Comisión de Aguas y Saneamiento, Mario Bustamante Grajales, y se iniciaron procesos penales contra varias compañías constructoras.