lgunas de las causas: la exigencia de información precisa y oportuna y de atención médica incondicional, gratuita, suficiente y adecuada para enfrentar el peligro aún vigente, y otros; la demanda de un manejo económico orientado a facilitar las cosas a la población, no a sus depredadores; la presión social permanente para conseguir que las instituciones acanalladas, corrompidas y envilecidas por quienes hoy las encabezan y ocupan, vuelvan a cumplir con los propósitos para las que fueron creadas y no para satisfacer los intereses político-mercantiles que actualmente las subyugan; el afán de limpiar el gusanero que anida en los partidos políticos; desactivación de la pinza (delincuencia sindical y planes privatizadores) que asfixia al sistema educativo; la tarea de promover tejido social que permita a asalariados, deudores, desempleados, inquilinos, causantes, consumidores y pequeños empresarios, defenderse de la catástrofe financiera universal provocada por la gula especulativa de los grandes capitales; la movilización en respaldo a los obreros de Cananea, la liberación inmediata de los presos políticos de Atenco y la exigencia de castigo para las violaciones a los derechos humanos perpetradas allí, en Oaxaca y en Lázaro Cárdenas, entre otros puntos del mapa que marcan otros tantos episodios represivos; la preservación y ampliación de los derechos reproductivos y de género, bajo el acoso renovado de la derecha mojigata y de la hipocresía clerical y judicial.
Todas ellas son la misma causa. O mejor dicho; todas tienen perspectivas de éxito, a condición de que confluyan en una sola.
Nadie dijo que fuera fácil. Por mermado y descompuesto que se encuentre el poder público, el cártel privado que lo detenta dispone de capacidades, fueros y calibres mediáticos descomunales –sean legales, metalegales o abiertamente ilegales– y no duda en aplicarlos a conveniencia. Ahí está, para quien quiera voltear a verla, la experiencia amarga de 2006, cuando el régimen volcó todo su peso propagandístico para desprestigiar y aislar la insurgencia electoral en torno a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y el movimiento popular de la APPO, en Oaxaca, por la otra. No logró ahorrarse ni el fraude electoral contra el primero ni la represión bárbara contra el segundo, pero sí generó las condiciones para que mucha gente disculpara o minimizara la manipulación de la voluntad ciudadana y aceptara el salvajismo policial contra los activistas oaxaqueños. Y, lo más importante, contribuyó a impedir que uno y otro movimiento reconocieran sus coincidencias, que pesaran más las diferencias y los sectarismos y que una y otra causa marcharan solas e incomunicadas.
Nadie ha dicho tampoco que sea imposible. Hoy en día asistimos al agotamiento de las mediaciones, al desgaste de las sutilezas y el poder (público, pero) privatizado se reduce gradualmente a sus dos músculos centrales: el policial-militar y el monetario. Cada día es más clara la disputa no entre dos proyectos de nación ni entre dos ideologías, sino entre la defensa del Estado y el plan de negocios ideado para sacar a remate lo que quede de él: energía, recursos naturales, sistemas educativo y de salud y una nube de funciones gubernamentales concesionables. Esa claridad puede resultar desoladora, pero da pie, por otra parte, a una identificación entre los sectores políticos y ciudadanos involucrados en la preservación y reconstrucción de la institucionalidad y la legalidad destruidas, adulteradas o corrompidas por el programa neoliberal –que se hace más crudo y vociferante conforme se multiplican las evidencias de su agotamiento internacional y de su inviabilidad interna– y en una definición nacional basada en el concepto de país, no en la de mercado.
La confluencia es necesaria y urgente. Ojalá que se pueda.
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