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, señala titular de la Unidad de Planeación de la dependencia
No se garantiza el aprovechamiento, enfatizan pedagogas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó las injerencias arbitrarias
de las que han sido víctimas la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ocurridas en días pasados a través del hackeo a sus portales de Internet y servidores de correo electrónico.
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Por considerar que es de interés nacional, porque se fijarán criterios en materia de salubridad general y de los derechos de los fumadores y no fumadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que resolverá un amparo presentado en contra de la legislación capitalina antitabaco. Los ministros de la primera sala acordaron que asumirán su competencia
para conocer el juicio de amparo interpuesto por la empresa inmobiliaria Adcoapa (administradora de plazas comerciales), en el cual argumenta que la legislación capitalina es inconstitucional porque viola los principios de igualdad, no discriminación, libertad de comercio, irretroactividad de la ley y audiencia, entre otros; agrega que no pretende combatir la disposición de mantener un espacio libre del humo de cigarro, sino que deliberadamente
se haya optado por transformar a todo establecimiento mercantil en 100 por ciento libre de humo, lo que limita su derecho de propiedad y de comercio. Los ministros consideraron que al conocer del caso tendrán que pronunciarse, entre otras cosas, sobre la jerarquía de las leyes federales y del Distrito Federal en la materia.
En un caso inédito, la Suprema Corte determinó que un juez federal debe admitir un amparo relacionado con un juicio de paternidad en el que el padre exige que se tome muestra del ADN de su esposa para demostrar que no está obligado a otorgar pensión alimentaria. Así lo determinaron los ministros de la primera sala, quienes consideraron que un juez familiar debe admitir un juicio de desconocimiento de paternidad
, que inicialmente había rechazado, en el que se propone la admisión de la prueba pericial genética materna. La esposa había presentado un recurso para no hacerse dicho examen, con el argumento de que viola sus derechos y dignidad personal.