Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) coincidieron en señalar que la epidemia de influenza A/H1N1 dejó al descubierto la falta de coordinación existente entre la Federación y los estados en rubros tan importantes como los reportes epidemiológicos.

Esa debilidad ha generado confusión entre la ciudadanía sobre cómo fue atendida la emergencia y ha hecho dudar acerca de si la descentralización sanitaria ha sido lo eficiente que se esperaba o sólo genera una suerte de descoordinación, agregaron.

Al participar en la mesa redonda Salud y políticas públicas: las lecciones de la epidemia de influenza, Sofía Charvel, profesora del departamento de derecho del ITAM, señaló que no existen mecanismos jurídicos adecuados en la Ley General de Salud para lograr una coordinación entre la Federación y los estados; es decir, entre la Secretaría de Salud (Ssa) y las dependencias sanitarias estatales, por ejemplo para reportar casos de enfermedades potencialmente epidémicas.

Citó lo ocurrido el año pasado en Morelos, donde hubo un brote importante de dengue, y el estado se tardó en reportar a la Federación, la cual, pese al retraso pudo actuar y resolver el problema, pero, abundó, en cualquier otro caso podría no ocurrir y esto tendría consecuencias.

Superar esa suerte de descoordinación, añadió, será en beneficio del propio sistema de salud, porque es importante que siempre la Federación cuente con esta información a tiempo, para poder actuar con prontitud. Subrayó que la Ssa tampoco cuenta con mecanismos para sancionar a las entidades que no reportan los brotes, o que no lo hacen a tiempo.

Víctor Carreón, director de la división económica del CIDE, insistió en que la influenza planteó el cuestionamiento a la descentralización sanitaria, pues hubo descoordinación de los tres niveles de gobierno.

Agregó que otro aspecto que dejó al desnudo esta enfermedad fueron los lamentables niveles de salubridad existentes en las escuelas públicas.

A su vez, Mauricio Merino, director de la división de administración pública del CIDE, indicó que desde el principio del brote a todas luces fue un problema el manejo de la información, porque las cifras de estados y gobierno federal eran divergentes, particularmente hasta finales de abril.

No hubo una política de manejo de información. Parecía que los estados y la Ssa registraban con distintos criterios estadísticos. Pasaron muchos días hasta que se tomaron las riendas de la información, incluso todavía el fin de semana pasado Jalisco generaba revuelo con sus cifras y las medidas de distanciamiento social que tomó.

Justamente sobre el manejo de cifras, Leticia Juárez, de la consultora Ulises Beltrán y Asociados, reportó que sondeos telefónicos revelaron que 62 por ciento de la población consideró que se asumieron las medidas a tiempo y se tomó el control de la emergencia, por lo cual el nivel de aprobación gubernamental se situó en 78 por ciento.

Pero donde sí hubo dudas fue en el manejo de cifras. El 28 de abril 46 por ciento de los consultados consideraban que los datos eran ciertos, pero para el 7 de mayo sólo lo estimaba 26 por ciento.

En tanto, en la primera fecha, 41 por ciento creía que eran falsas, y en la segunda fecha, 60 por ciento.