La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a recibir las declaraciones patrimoniales de diputados y senadores, con objeto de concentrar y revisar que no existan variaciones en las fortunas o bienes de los legisladores más allá de lo posible por sus ingresos que reciben de las dietas; sin embargo, en los dos años recientes de la actual legislatura, legisladores del PAN y del PRI se han opuesto a cumplir con esta obligación, al argumentar que al hacerla pública los haría secuestrables.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega, aseguró que este proceso permite acotar la posible corrupción de los integrantes del Congreso de la Unión, y la información, de carácter público, se mantiene bajo resguardo del órgano fiscalizador, no sólo para revisar los movimientos patrimoniales de diputados y senadores, sino que puede ser entregada a cualquier autoridad que lo solicite.

Recordó que el año pasado algunos legisladores, como el presidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Padilla, no entregó su declaración patrimonial, sino hasta que se publicó una lista de incumplidos. En ese momento, la Auditoría Superior permitió el cumplimiento extemporáneo, mediante un escrito que entregaron los senadores y diputados.

Reconoció que si bien se trata de una obligación, no existe una sanción explicita para quienes entreguen su declaración patrimonial fuera de tiempo, o bien para quienes no lo hagan a lo largo de la legislatura de la que formen parte, y solamente existe una crítica social, vinculada con la indisposición para transparencia de los representantes populares.

Esto ha permitido el caso extremo de algunos legisladores que no han llenado el formato que se le distribuye, “porque lo consideran un riesgo a su seguridad e integridad física, bajo el supuesto de que sus bienes son demasiados, y por lo tanto estarían expuestos a la ‘observación’ de la delincuencia organizada, y argumentan que pueden ser secuestrables”, afirmó el diputado perredista.

–¿De qué partidos no han entregado su declaración con este argumento?

–Del PAN y del PRI. En el PRD no hay diputados, ni senadores ricos.

–¿Ninguno?

–Bueno, hay quienes tienen sus negocios particulares, pero eso no tiene nada que ver con la función pública.

Nosotros respetamos su decisión de no cumplir con su declaración, pero esto poco ayuda al desprestigio del Poder Legislativo y a la transparencia. Si la Cámara tiene la facultad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, un principio ético y moral de los diputados debería ser transparentar sus ingresos producto de la representación popular, y que estos sean suficientemente claros, para no con- fundirlos con los privados.