La disidencia magisterial interpuso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje alrededor de 30 mil demandas laborales en contra de la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), además de que evalúa la posibilidad de realizar una campaña para aumentar el número de querellantes.

Eduardo Pérez Saucedo, de la Unidad de Estudios de la Seguridad Social y del Trabajo, instancia que apoya a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en esta acción, explicó que ahora corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) –ya que una de las partes demandadas fue la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota– dar respuesta al acto reclamado.

La otra parte es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, en particular, Elba Esther Gordillo, así como el secretario general del gremio, Rafael Ochoa, este último por firmar dicho pacto sin tener facultades para hacerlo, toda vez que la toma de nota del sindicato venció el 16 de marzo de 2008 y la ACE fue signada en mayo de 2008.

Esperamos que esta medida coadyuve a terminar con la irregularidad con que se firmó la ACE; se anulen los actos derivados de esa firma y, por otro lado, que Gordillo pierda sus privilegios, pues en días recientes declaró sin ningún rubor que para apoyar a Felipe Calderón no importa que los trabajadores de la educación pierdan sus derechos, es decir, sus prestaciones, comentó.

Dicho pacto tiene que anularse porque, además de que fue firmado irregularmente, se adquirieron compromisos que sólo son facultad del Congreso de la Unión. Incluso, añadió, con la descentralización de 1992 se realizó un procedimiento legal, el cual consta de una iniciativa que se envía al legislativo para analizarlo y proceder a la votación.

Expresó que el presidente del tribunal, Alfredo Farid Barquet, señaló que éste era un hecho inédito, porque lo máximo que había recibido dicho órgano eran 5 mil denuncias, y que no disponían de las instalaciones y el personal suficiente para atender tal cantidad de demandas.

Cuestionó que el pasado jueves personal del propio tribunal invitó a los quejosos a entregar las demandas sin la firma de los abogados en la carta poder, cuestión que fue señalada a Farid Barquet, quien aceptó que hoy los abogados acudan al tribunal para hacer lo correspondiente, informó.

Por último, precisó que en el tribunal se interpusieron 21 mil 864 demandas, pero en los estados se levantaron otros miles, por lo que estiman que el número es de 30 mil querellas, y ahora se evalúa la posibilidad de hacer una campaña para que otros docentes se sumen a esta acción.