Guatemala, 18 de mayo. Los gobiernos de Estados Unidos y de los países latinoamericanos y del Caribe miembros del Grupo de Río, el mecanismo de concertación diplomática regional, expresaron hoy su respaldo al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y a las instituciones constitucionales y democráticas de su país, en respuesta a la petición de renuncia planteada por partidos políticos opositores la semana pasada.

El Grupo de Río Expresa su preocupación por que los hechos recientes pudieran afectar el orden constitucional de la República de Guatemala y manifiesta su decidido respaldo a las instituciones democráticas de ese país y su apoyo al gobierno constitucional, señalaron en un comunicado los gobiernos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El vocero presidencial guatemalteco Fernando Barillas informó, en tanto, que el subsecretario estadunidense de Estado adjunto para América Latina, David Robinson, se entrevistó este lunes con Colom para expresar su apoyo al mandatario.

Las declaraciones de apoyo a Colom suceden una semana después que fue difundido un video pregrabado en el que el abogado guatemalteco, Rodrigo Rosenberg, acusó al mandatario centroizquierdista de su muerte, ocurrida el domingo 10 de mayo.

Este crimen, uno de los 17 que diariamente suceden en Guatemala, originó protestas contra Colom, quien asumió la presidencia hace 16 meses y se convirtió en el primer gobernante socialdemócrata después de dos décadas de administraciones conservadoras y otras tres de gobiernos dictatoriales militares, que mataron, desaparecieron y persiguieron a miles de opositores de izquierda.

El Partido Patriota, dirigido por un militar retirado, y una organización formada en las redes sociales de Internet, se han puesto en primera línea para exigir la renuncia de Colom y este lunes entregaron al presidente del Congreso, Roberto Alejos, un legajo que contiene 30 mil firmas que suscriben una petición para iniciar el proceso de antejuicio contra el presidente –por su presunta responsabilidad en el asesinato de Rosenberg–, con el que se pretende retirarlo de su cargo.