Las reformas a las constituciones en los estados de la República para redefinir el concepto de vida son reaccionarias, en el sentido de que reaccionaron en contra de la modificación realizada en el Distrito Federal para ampliar los derechos de las mujeres y permitir, entre otros aspectos, la interrupción del embarazo. De tal suerte, pudieran llevar al extremo de que la legalidad del uso de los métodos anticonceptivos entre en la ilegalidad, advirtió Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El experto en derecho constitucional señaló que es difícil imaginar que las reformas realizadas en los estados se traten de operaciones inconexas, toda vez que son muy similares y han tenido lugar en un tiempo muy reducido. Han sido promovidas por legisladores de dos partidos políticos, PAN y PRI, y es difícil ignorar una coincidencia que permita imaginar una operación concertada.

Entrevistada en el contexto del seminario Los mismos derechos para tod@s: género y derechos reproductivos en el debate constitucional en México, de aquel instituto, la consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, expresó por su parte que la modificación legal en las entidades es más de papel, porque la realidad va a seguir siendo la misma: van a morir mujeres por practicarse abortos clandestinos, con los consecuentes impactos en una clase social de escasos recursos que recurre a métodos y a opciones que ponen en riesgo su vida.

También precisó que, al contrario de lo que se ha pensado, aunque se hayan realizado reformas a 18 constituciones locales, la Constitución no se modifica.

En el mismo sentido, Salazar Ugarte explicó que aun cuando fueran 31 estados, las nuevas normas sólo se aplicarían en esas entidades.

Tales modificaciones van a contracorriente de lo que en su momento se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legalizar la interrupción del embarazo en un plazo determinado, ampliar los derechos de las mujeres y brindar mayores garantías de seguridad jurídica, dijo. Su objetivo, recordó, es una redefinición del concepto de vida, así como ampliar los alcances de ésta en el ámbito constitucional estatal.

En ese sentido, Salazar Ugarte observó que las reformas en cuestión contravienen el artículo cuarto constitucional en materia de reproducción y del derecho a elegir el número de hijos, pero no sabemos todavía cómo van a impactar en las políticas públicas en cada entidad, porque se puede llegar al extremo de que los métodos anticonceptivos, cuyo uso es legal, entren en la ilegalidad.