La justicia federal desechó la petición del sindicato minero para reabrir varias cuentas con inversiones millonarias, por lo que seguirán congeladas y el litigio continuará en un tribunal colegiado de segunda instancia.

En tanto, secretarios seccionales del gremio llevaron a cabo ayer una asamblea nacional en la que aprobaron por unanimidad suspender totalmente los derechos sindicales de Carlos Pavón, ex secretario de asuntos políticos, y otros dos trabajadores por supuesta deslealtad y traición.

Fuentes judiciales informaron que unas seis cuentas bancarias abiertas hace más de una década por el sindicato minero, que albergan inversiones cercanas a 25 millones de pesos, seguirán congeladas por tiempo indefinido. Este martes, una juez federal en materia de amparo desechó el juicio de garantías 1208/08, iniciado hace seis meses a petición de los abogados de líderes mineros, quienes solicitaron la protección de la justicia contra la determinación de la fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República de incautar buena parte de las arcas financieras del gremio.

El litigio por la reapertura de estas cuentas continuará en un tribunal colegiado de segunda instancia tras el recurso de revisión que interpondrá la parte quejosa, informó Marco Antonio del Toro, representante legal del sindicato.

Argumento insostenible

Agregó que el sobreseimiento del juicio en primera instancia obedece a un argumento insostenible de la juez. “Para acreditar el interés jurídico, nos exigió presentar copias certificadas de los contratos de apertura de cuentas, pero, como son muy antiguas, los bancos ya no tienen esa información y por ello no la pudimos entregar.

Sin embargo, hay jurisprudencia en el sentido de que cuando se ha reconocido como titular de una cuenta bancaria a cualquier persona, no es necesario acreditarla mediante contratos; en el caso del sindicato, la PGR reconoció que son cuentas del gremio. Por eso pediremos que un tribunal colegiado resuelva en definitiva y confiamos en que nos dará la razón.

A finales de noviembre, la unidad especializada en el combate a delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita de la PGR ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento precautorio de las cuentas del gremio, mientras se desahoga y resuelve una averiguación previa abierta a raíz de varias denuncias interpuestas ante la Subprocuraduría de Investigazción Especializada en Delincuencia Organizada por trabajadores mineros contrarios al líder Napoleón Gómez Urrutia, quienes acusaron que existían movimientos bancarios irregulares en las cuentas, de entre 1.5 y 3 millones de pesos mensuales.

En diciembre pasado, mediante un comunicado, el gremio señaló que la medida adoptada por la PGR afecta los fondos del comité ejecutivo nacional, así como de las secciones y fracciones del interior de la República, y tiene como finalidad asfixiar económicamente su lucha, pues bloquea la solidaridad económica que se enviaba a trabajadores en huelga.

Por otro lado, secretarios seccionales del gremio realizaron ayer una asamblea nacional en la que decidieron de manera unánime sancionar a Pavón, Jesús Salas Quiñones y Jesús Nava Martínez por la traición que cometieron en contra el sindicato, pues –argumentaron– estos ex agremiados quieren dividir la organización y han negociado con los opositores a Gómez Urrutia.

Entre los acuerdos se determinó que ninguna sección o fracción del sindicato por sí misma haga negociaciones de cualquier índole con las empresas a las que cada una presta sus servicios, si no hay la intervención del comité ejecutivo nacional.

Asimismo, convinieron llevar a cabo asambleas y movilizaciones en todo el país para repudiar los actos de divisionismo que se quieren promover y para impulsar el reconocimiento a la estrategia de lucha seguida por la organización, y ratificaron que el único secretario general del gremio es Gómez Urrutia, y nadie podrá suplantar esta decisión