n el contexto de su intervención en un encuentro sobre economía realizado en Madrid, José Ángel Gurría, actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, calificó de desastre la crisis económica que enfrenta nuestro país, se refirió como golpe brutal a la superposición entre ésta y la emergencia sanitaria que se vivió en territorio nacional en días pasados, y aseguró que, según sus cálculos, los ahorros de los ciudadanos mexicanos han perdido la mitad de su valor en los últimos 18 meses. Adicionalmente, el ex funcionario zedillista atribuyó el actual desastre económico mundial a una masiva falla de regulación y supervisión, y añadió que en México, como en muchos otros países en desarrollo, está teniendo (lugar) una recesión que causaron otros, no obstante lo cual, dijo, deberá salir adelante por su propio pie porque el apoyo que va a recibir de otros no será en la misma proporción del daño que importaron.

Las palabras de Gurría, más que una crítica a la falta de responsabilidad y al fundamentalismo de libre mercado con que operaron los responsables de regular el sistema financiero internacional –lo que terminó por configurar la crisis que se vive–, encierran una confesión de culpa –voluntaria o no– respecto de su propio desempeño como encargado del manejo económico del país. Efectivamente, la magnitud del desastre al que se refiere el funcionario de la OCDE se explica, en buena medida, como consecuencia de la aplicación en México de directrices que han llevado al Estado a la languidez y que para la mayoría de la población no han significado otra cosa que desempleo, pérdida de prestaciones, servicios y derechos, carencia de vivienda y, en general, deterioro pronunciado de su calidad de vida, amén de que han implicado la profundización de una vasta dependencia con respecto a Estados Unidos.

Tales consideraciones escaparon, al parecer, de las declaraciones del ex funcionario federal, quien alguna vez alardeó que la tecnocracia neoliberal gobernaría en México durante cuatro sexenios, cuando menos, y quien, durante los dos años que estuvo al frente de la SHCP, se contentó con difundir indicadores que bien podían ilustrar la estabilidad macroeconómica del país, pero que guardaban muy poca relación con las acuciantes realidades sociales y humanas que recorren el territorio nacional.

Por lo demás, es cierto que México no causó la recesión económica que hoy sufre, pero también es verdad que sus recientes gobernantes –incluido el actual– han exhibido una inaceptable falta de capacidad o de voluntad para atender los signos de alarma que se manifestaban desde mucho tiempo atrás; han demostrado imprevisión e insensibilidad para aprovechar los periodos de relativa bonanza para emprender una redistribución de la riqueza, y han defendido hasta el cinismo un modelo económico socialmente devastador que preconiza, en tiempos de crisis como el actual, el rescate de los grandes capitales, no de la gente.

Cabe recordar que el propio Gurría participó, junto con Zedillo y Guillermo Ortiz, en la configuración del episodio conocido como Fobaproa-IPAB, que consistió en convertir una astronómica deuda privada en pública y en consumar, con ello, uno de los peores quebrantos de las finanzas públicas en la historia del país, avalado por los legisladores priístas en connivencia con los panistas.

En suma, es inevitable percibir en las declaraciones de Gurría una confesión de la incompetencia de un grupo de políticos que a lo largo de las últimas cinco administraciones –es decir, una más de las que profetizaba el ex titular de Hacienda– han gobernado al país con arrogancia neoliberal, determinación de servir al capital antes que a la población, y con una indolencia insolente hacia las necesidades de las mayorías.