a Conferencia del Episcopado comenzó a circular un mensaje con ocasión de las próximas elecciones federales. El documento lleva como significativo subtítulo el de que No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social. En él los obispos católicos de México expresan que, respetando el principio de laicidad, no pretenden utilizar su ministerio para que los fieles voten por una opción determinada, sino exhortarles a que disciernen críticamente y decidan conforme a su conciencia rectamente formada.

Con ese propósito ofrecen algunos criterios éticos y expresan su apoyo a la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Para ellos la Iglesia católica no es un sujeto político, pero sí un sujeto social, cuya misión le exige no perder de vista su independencia ni autoridad moral para abogar en favor de los pobres. Y corresponde a los fieles laicos actuar en nombre propio como ciudadanos en la vida pública y bajo su propia responsabilidad, dado que de una misma fe pueden surgir distintas opciones, en favor de un orden justo en la sociedad.

Al referirse a la situación actual enfatizan entre otras cosas que sin justicia social no hay democracia; que la actividad democrática se ha reducido a la mera participación en las elecciones; que ha disminuido la credibilidad en las autoridades electorales; que la ciudadanía no se ve representada en las decisiones que responden a los grandes desafíos de la vida nacional, y que los medios de comunicación adormecen la conciencia de muchas personas, con su veneno cotidiano de violencia, sexo, desenfreno, mentira, infidelidad, y desfiguración de la palabra y la realidad política y económica.

Advierten sin embargo sobre el daño que hace a la representatividad y a las instituciones políticas una insuficiente participación en las elecciones, y se pronuncian por un avance en el camino democrático, por medio de instrumentos de democracia deliberativa, participativa y directa, que permitan a los ciudadanos y ciudadanas expresarse en torno a las grandes decisiones que deben tomarse para la vida de la nación. Para los obispos es urgente que la democracia alcance un sistema económico más justo, pues están a la vista los excesos de las políticas neoliberales del sistema financiero, que entrega a los pobres a la voracidad de los dueños del dinero. Son además serios y graves en cuanto a instalaciones dignas (educación pública), y en cuanto a objetivos, para contrarrestar la seducción del individualismo salvaje y de los espejismos del dinero, los desafíos de la educación pública y privada. Se acentúa la percepción de un deficiente sistema de procuración de justicia, y es preocupante la crisis de sentido ético, que explica el incremento de la corrupción, y que, aunada a la frecuente impunidad, alienta la tentación de vivir fuera de la ley.

Ante este panorama, la sociedad no cuenta con instrumentos jurídicos que le permitan exigir al Estado la vigencia de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. Añaden que particularmente los derechos sociales consagrados constitucionalmente son muy loables, pero que “la ausencia de instrumentos para exigir su cumplimiento los convierte con frecuencia en ‘derechos de papel’”. Para los obispos la difusión pública de escándalos y la ausencia de vías para sancionar a los malos gobernantes acrecienta aún más la percepción de la impunidad, una de las grandes debilidades del Estado mexicano. Y al hablar del aporte de la Iglesia para la consolidación de la democracia, los obispos reiteran que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política y del bien común –definido éste como el conjunto de condiciones de la vida social, que permiten que las personas, las familias y las asociaciones puedan lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección–, razón de ser de la comunidad política.

Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando la actividad política parece estar condicionada por el poder financiero, la influencia de los medios y los avances de la técnica. Dicen también que el sujeto de la comunidad política es el pueblo, el cual mediante la formación cívica debe considerarse como parte del Estado, para asumirse así como responsable de la soberanía nacional. Y afirman igualmente que la justicia, que es de naturaleza ética, es el origen y meta de la política, la cual no puede reducirse a simples técnicas para determinar ordenamientos públicos. Y por ello los cristianos están llamados a vivir su fe orientando su comportamiento por sus exigencias.

Finalmente los obispos proponen trabajar para fortalecer la democracia, recuperando en la conciencia social el sentido de la ciudadanía y el valor del principio de representatividad, colocando en el horizonte de la actividad política el compromiso por la justicia social, y para ello ofrecen su colaboración en el campo de la educación, para construir una verdadera cultura de la democracia. Señalan también que un candidato a representante debería llenar el siguiente perfil mínimo: honestidad, principal antídoto contra la corrupción; conocimiento directo y no solamente técnico de las necesidades de la gente; sensibilidad por los pobres y excluidos, demostrada en la vida diaria; compromiso con la reconciliación y la justicia, y capacidad suficiente.