Desde que arrancó el proceso comicial, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha realizado 343 procedimientos especiales sanciona- dores, de los cuales, 133 se han interpuesto en la sede central del instituto y el resto en las juntas distritales o estatales.

De acuerdo con el informe, en las denuncias presentadas en la sede central, 15 corresponden a recursos relacionados con presuntas calumnias o denigraciones y 53 son por inconformidades con el esquema de comunicación en radio y televisión.

Durante la sesión de Consejo General también se avaló la petición de la UNAM –instancia a la que el IFE encargó la realización del monitoreo de los noticieros en medios electrónicos– de una prórroga de cinco días para entregar el informe respectivo. Lo anterior, en función del retraso que le provocó la emergencia sanitaria declarada en días pasados con motivo de la influenza, por lo que el citado informe se hará público el próximo lunes.

En su oportunidad, el consejero Virgilio Andrade subrayó la necesidad de ubicar en sus dimensiones el impacto que tienen en el ámbito de las quejas los recursos relacionados con la denigración y la calumnia, más allá del que se da en la opinión pública. Hasta hoy, esto demuestra, en términos de objetividad y desarrollo de las campañas, que el asunto de la propaganda denigratoria y calumniosa no ha sido central en las denuncias.

A su vez, Alfredo Figueroa dijo que los asuntos medulares que han concentrado los procedimientos sancionadores están ligados especialmente al tema de radio y televisión, así como a presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que regula la publicidad gubernamental y restringe el papel de los funcionarios.

En el desglose del informe sobre las causales de los recursos presentados por los partidos en las oficinas centrales, destaca que 53 corresponden al ámbito de radio y televisión, 45 aluden a posibles violaciones al artículo 134 constitucional y en tercer lugar se ubica la presunta comisión de actos anticipados de campaña; 15 son por denigración y calumnias y 10 por presunto uso ilegal de programas sociales.

En su oportunidad, Marco Antonio Gómez Alcántar externó inconformidad por uno de los puntos del informe en el que se destaca que las medidas cautelares relacionadas con Internet pueden llegar a ser contraproducentes. A su juicio, se trata de una afirmación aventurada que requeriría un análisis más profundo de los alcances de esas medidas y la forma en que el IFE puede hacerlas efectivas en Internet.

Sin embargo, en este contexto, el representante del Partido Social Demócrata, Miguel González Compeán, denunció el comportamiento que ha tenido el IFE respecto de las quejas promovidas por su partido, en especial las relacionadas con la Iglesia católica, así como con Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano. Hay como seis u ocho asuntos que danzan solitos en algún oscuro lugar de esta institución; no tengo respuesta.

Más adelante, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo: no hay ninguna queja en ningún lugar oscuro de esta institución. Esta institución es toda transparente y estoy seguro de que el secretario ejecutivo va a responder puntualmente.