San Cristóbal de Las Casas, Chis., 23 de mayo. La Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU-ID), rechazó que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) haya resuelto el problema de posesión de tierras en los poblados de Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, ubicados en la reserva de Montes Azules, como lo informó la dependencia federal hace un mes.

El 26 de abril, la SRA informó que 69 familias indígenas asentadas de manera irregular en esos tres poblados habían abandonado voluntariamente las 2 mil 500 hectáreas que tenían en conjunto, a cambio del pago global de 17 millones y medio de pesos para adquirir terrenos en otras partes y desarrollar proyectos productivos.

Tras reunirse con pobladores y analizar la situación, la ARIC UU-ID emitió un comunicado en el que afirma que los habitantes de esos tres poblados no han aceptado la reubicación ni la indemnización ofrecida por el gobierno federal mediante la SRA.

Rechazan indemnización

Las comunidades, junto con la ARIC, a la que pertenecen, reiteraron que su postura es luchar y trabajar por la defensa de la tierra y el territorio, mediante las vías políticas que aseguren el ejercicio del derecho a la tierra mediante la regularización agraria. Por lo tanto, no aceptamos la indemnización ni mucho menos la reubicación de nuestros poblados.

El contenido del boletín oficial, añade, es prueba de la actitud del gobierno federal por manipular la información a favor de sus intereses, que son el desalojo de las personas que habitamos en las comunidades de la reserva de la biosfera, y que aún no contamos con título de tenencia de la tierra como un derecho humano fundamental.

Aseguraron: “hemos mantenido siempre una actitud de apertura al diálogo político, pero después de 10 años en un proceso de negociación para la regularización de los poblados sin título de propiedad, los gobiernos federal y estatal –justificándose en la conservación de los recursos naturales–, se han mostrado duros hacia las comunidades de la región Candelaria, cerrando la posibilidad de regularización y dando únicamente como solución reubicar o indemnizar”, lo que viola los acuerdos firmados en años anteriores con las autoridades de la ARIC UU-ID.

“El gobierno y sus instituciones se escudan bajo el falso discurso de ser ‘protectores del medio ambiente’, mientras favorecen la entrada de otros poderes con grandes intereses económicos y que buscan apropiarse de nuestros recursos”, aseveraron.