Legisladores del PRD llevarán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal una explicación acerca de la expulsión fast-track del colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien el gobierno de Álvaro Uribe considera integrante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Se violó el principio fundamental de presunción de inocencia. Con este caso, Felipe Calderón rompe con toda la tradición histórica de asilo; actúa de manera artera y somete nuestra soberanía a las decisiones de otro gobierno, denunció el diputado Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura e integrante de la de Defensa Nacional.

En coordinación con su par perredista Cuauhtémoc Sandoval, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, elabora el punto de acuerdo, en particular por el trato dado al extranjero.

El gobierno de Calderón piensa que los ciudadanos somos autómatas, que no tenemos sentido común. Aquí se violentó todo. Este caso es mucho más grave que las gracejadas estúpidas de Vicente Fox, expresó el legislador.

Del Real comentó en entrevista que, aunque exista un acuerdo en esta materia entre México y Colombia, es necesario cumplir ciertos pasos con base en una investigación de nuestro país, porque de lo contrario sólo estarán violentando el derecho humano de presunción de inocencia, o siquiera el de solicitud de asilo.

En cambio, dijo, el gobierno mexicano no verificó la trayectoria del extranjero, su estancia acreditada como residente de posdoctorado en la UNAM y mucho menos la autenticidad de los argumentos de su contraparte colombiana.

Lo que tratan los gobiernos de ambos países –añadió– es desprestigiar la actividad académica de quienes no piensan como Calderón y Uribe.

Dijo que no se descarta que en la rápida expulsión, el pasado viernes en el Distrito Federal, exista un acuerdo trilateral entre los mandatarios de México, Colombia y la Corte de Ecuador, con el fin de presionar y alentar elementos falsos para actuar contra Lucía Morett, la estudiante universitaria que se hallaba en el campamento de las FARC el 1º de marzo de 2008, donde murió Raúl Reyes, considerado uno de los jefes máximos de las FARC.

Para la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos la expulsión fue una “extradición fast-track disfrazada de deportación, lo que vulneró las garantías fundamentales” de Beltrán.

Alertó que tras la deportación se corre el riesgo de que el gobierno calderonista busque, con la administración colombiana, sancionar a Morett y otros connacionales a los que grupos ligados a la ultraderecha han señalado como presuntos aliados de las FARC.